MADRID, 21 oct (Xinhua) -- El Gobierno español decidió este sábado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que suspende las funciones del Ejecutivo regional (Generalitat), por "el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de los preceptos constitucionales y legales por parte de sus autoridades.
Así queda plasmado en la argumentación jurídica que ha elaborado el Gobierno sobre la aprobación del artículo 155 que se ha llevado a cabo en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado.
El documento argumenta además la medida a la vista de "los daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social" de la comunidad y del resto de España.
A lo largo de 10 páginas, el documento oficial expone las razones que llevan al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 en Cataluña (noreste) y recuerda que en las Constituciones de países como Alemania y Estados Unidos también existe este artículo.
El gabinete de Rajoy sostiene que Carles Puigdemont y su Gobierno están actuando "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España".
El Tribunal Constitucional, resalta, "ha constatado la voluntad de ruptura del marco constitucional en la distribución territorial del poder político, al pretender situarse a la comunidad autónoma de Cataluña como un ente soberano y, por tanto, no sometido en su toma de decisiones a la Constitución española de 1978 y a su Estatuto de Autonomía".
El Ejecutivo dice también que se trata, por lo tanto, de "una manifiesta negación de todo el orden constitucional en su conjunto por cuanto intenta ni más ni menos que quebrar los principios constitucionales de unidad, igualdad y respeto a la ley, romper el modelo autonómico español, así como menoscabar la soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español".
La motivación jurídica del Gobierno añade que el 155 está sustentado a la vez en "la grave afección al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los españoles, titulares de la soberanía nacional, y ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social del conjunto de los catalanes".
Al mismo tiempo, lamenta que el requerimiento enviado por Rajoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya servido para reconducir la situación porque "resulta patente que la máxima autoridad de la comunidad autónoma no ha procedido a cumplir con lo ordenado".
Tampoco hay constancia, continúa, de que haya comunicado el requerimiento a la presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña "a fin de que restauren también el orden constitucional y estatutario".
Esto pone de manifiesto, dice, "su absoluto desprecio a la separación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y evidenciando que ambas instituciones -Gobierno de la Generalitat y Parlamento de Cataluña- actúan como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran".
Por todo ello, Madrid constata que "no ha sido atendido" el requerimiento formulado el pasado 11 de octubre y que es un paso previo indispensable para aplicar el 155, lo que supone reiterar "el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la comunidad autónoma de Cataluña, con grave riesgo al interés general".
La Fiscalía General del Estado está preparando una querella por rebelión contra Puigdemont ante la hipótesis de que lleve a cabo una declaración unilateral de independencia.
Se espera en las próximas horas una intervención a todo el país de Rajoy para explicar el alcance de las medidas adoptadas sobre Cataluña tras la aplicación del artículo 155.
