MADRID, 2 nov (Xinhua) -- La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, envió hoy a prisión incondicional al ex vicepresidente del gobierno regional autónomo de Cataluña, Oriol Junqueras, y a siete ex consejeros por delitos de rebelión y sedición.
El octavo ex consejero, Santi Vila, quien dimitió antes de la declaración de independencia, también ingresará a prisión, pero podrá salir si deposita una fianza de 50.000 euros (unos 58.303 dólares).
En el auto, la jueza resaltó el riesgo de fuga, el "alto riesgo de reiteración delictiva y la alta probabilidad de que (los acusados) puedan alterar o destruir pruebas", así como "su alto poder adquisitivo, que les permitiría la huida al extranjero y su supervivencia fuera del país".
Lamela aseguró que todos los hechos abordados por los ex miembros del gobierno catalán estaban "meditados y perfectamente preparados".
"Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevarían a la celebración del referéndum", señaló.
En su argumentación, Lamela recordó que los investigados podrían ser condenados a 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 por sedición y ocho por malversación, que podrían ser hasta 10 en caso de falsedad de la contabilidad.
Lamelo señaló que la importancia de las condenas justifica una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva.
La jueza insistió en que los investigados "jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad".
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado dentro de los próximos tres días y con carácter subsidiario se podrá recurrir en apelación en un plazo de cinco días, según el auto de la jueza.
Lamela detalló el papel de cada uno de los inculpados en el llamado "procés" (proceso de independencia) a lo largo de estos dos últimos años hasta culminar en la declaración de independencia en el Parlamento catalán.
Dicho acto derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, produciendo el cese de todo el Ejecutivo regional y la disolución de la Cámara autonómica.
En tanto, la Fiscalía General del Estado de España solicitó este jueves a un juez que emita una orden de arresto europeo contra el destituido ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas.
Desde la capital comunitaria, Puigdemont criticó hoy la prisión preventiva del ex vicepresidente y sus ex consejeros impuesta por la Audiencia Nacional.
La solicitud de la orden de arresto incluye también a los ex consejeros catalanes Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsati, quienes permanecen también en Bélgica con Puigdemont después de viajar desde Barcelona el viernes pasado.
El ex vicepresidente del gobierno regional catalán y los ocho ex consejeros que hoy han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional podrían concurrir en listas electorales en los próximos comicios autonómicos del 21 de diciembre, dado que la ley solo impide presentarse a las personas que hayan sido condenadas.
Según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), "son inelegibles las personas condenadas por delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la sentencia, aunque no sea firme, fije penas de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o para empleo o cargo público".
Por su parte, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenó este jueves a instancias de la Fiscalía, que se ponga vigilancia policial a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los ex miembros de la Mesa, investigados por rebelión y otros delitos, después de que la declaración de todos ellos se haya aplazado hasta el próximo 9 de noviembre.
