TOKIO, 5 jul (Xinhua) -- Los gobiernos de Japón y Estados Unidos han acordado limitar los trabajadores civiles de las bases estadounidenses que pueden beneficiarse del estatus legal privilegiado establecido por el Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas de EEUU en Japón (SOFA, por sus siglas en inglés).
Así lo anunciaron el martes en Tokio los ministros japoneses de Asuntos Exteriores y Defensa, Fumio Kishida y Gen Nakatani, la embajadora estadounidense en Japón, Carolina Kennedy, y el teniente general John Dolan, comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Japón.
En virtud del pacto, que data de 1960, es la justicia de EEUU, y no los tribunales japoneses, el que tiene el derecho primario de jurisdicción sobre los delitos cometidos por los militares de las bases o por su "componente civil" si el acusado "estaba desempeñando una tarea oficial".
Esta cláusula ha sido criticada como sobreprotectora pues da a todos esos trabajadores inmunidad ante la justicia nipona.
Otro punto polémico es el término "componente civil", que hasta ahora se definía como "civiles estadounidenses empleados por, que prestan servicio o acompañan a las fuerzas armadas de EEUU en Japón", sin especificar las condiciones ni el régimen de empleo.
La versión revisada del pacto restringe ese componente a cuatro categorías: contratados por el Gobierno de EEUU para trabajar en las bases, trabajadores de barcos y aviones operados por los militares, personal que trabajan para Washington y se encuentra en Japón por motivos oficiales relacionados con el ejército, y asesores y consultores ténicos invitados a Japón por el ejército.
Quienes no entren en ninguna de ellas quedan excluidos del estatus privilegiado. Es el caso de Kenneth Franklin Shinzato, exmarine empleado de una empresa de internet asociada a la Base Aérea de Kadena y detenido como presunto autor del asesinato de una muchacha japonesa de 20 años en abril.
La revisión coincide con el aumento del sentimiento antiestadounidense en Okinawa -que acoge el 75 por ciento de las bases de EEUU en Japón-, tras una serie de delitos cometidos por personal de las bases, que incluyen asesinato, violación, asalto y conducción en estado de embriaguez.
Las manifestaciones se han sucedido en la prefectura insular para protestar contra estos sucesos y exigir una reforma del SOFA, así como la retirada de las bases miltiares estadounidenses.
