SANTIAGO, 4 jul (Xinhua) -- La reforma educativa ocupa, de nuevo, la agenda política de Chile, donde la coalición oficialista Nueva Mayoría ha reiterado su apoyo a ese cambio estructural, mientras que el sector opositor derechista ha reafirmado su total rechazo.
El proyecto de ley de la educación superior, anunciado hoy y que será enviado al Parlamento, plantea que la educación es "un derecho de los chilenos" y, representa una profunda transformación del sistema educativo, tras la privatización de las escuelas, centros de enseñanza técnica y decenas de universidades bajo el régimen militar (1973-1990).
La presidenta del país, Michelle Bachelet, ha proclamado como prioridades de su gobierno la equidad, calidad y pertinencia de las instituciones de la educación superior, y señaló que "el Estado tendrá un rol relevante en esta reforma".
También dijo que la gratuidad "llegó para quedarse; Chile conquistó un derecho permanente que se irá concretando gradualmente", y la nueva ley prohibirá el lucro, dará un apoyo preferente a las universidades estatales y fortalecerá la educación técnico-profesional.
En el proyecto se incluye crear una Superintendencia de Educación, la obligatoriedad de la acreditación acádemica para todos centros de educación superior, así como un nuevo marco de cualificaciones para esas instituciones y, finalmente, un "marco claro de financiamiento público".
Según Bachelet, "no podemos esperar que los problemas sean resueltos sólo por el mercado, porque la educación no es un bien de consumo, que se pueda administrar como un mero negocio", indicando que "las instituciones de buen nivel no están al alcance de todos y muchas no se preocupan de dar educación de excelencia".
También hizo un llamado a los partidos políticos y a todos involucrados en el sistema educativo a "pensar con alturas de miras y dejar de lado los legítimos intereses de cada sector".
Esta reforma de la educación superior es "clave" para que la Nueva Mayoría pueda continuar al frente del gobierno en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año.
Con la nueva legislación, el gobierno busca sentar las bases para la nueva educación chilena y emplazar a los congresistas para que legislen pensando en el bien del país y no en intereses corporativos privados.
Hasta ahora, el número de jóvenes universitarios que gozan de la gratuidad alcanzan sólo a los 125.000 estudiantes. La Confederación de Estudiantes, que en 2011 colocó el tema de la educación en la agenda política, ha continuado realizando marchas de protestas ante la lentitud de la reforma.
La desaceleración de la economía de Chile, que también ha ocurrido en el resto de América Latina en los últimos dos años, ha afectado la implementación de las reformas del gobierno, entre ellas la educativa.
El debate público sobre esta ley ha comenzado y los senadores Carlos Montes y Guido Girardi, de la Nueva Mayoría, solicitaron al gobierno que aplazara el envío del proyecto de reforma al Congreso.
Sin embargo, tanto la Democracia Cristiana como el Partido Comunista pidieron que el proyecto entrara pronto a su etapa legislativa, lo que fue ratificado por el vocero de gobierno, el ministro Marcelo Díaz, quien adelantó que "sabemos que será una tramitación compleja porque son muchos los intereses involucrados".
Este lunes, el comité político del gobierno, donde participan todos los ministros, y los líderes de los siete partidos de la Nueva Mayoría buscaron un acuerdo sobre el texto del proyecto de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade, dijo que había dos opiniones que se fueron desechando. "Una era posponer el ingreso del proyecto al Congreso y, la segunda, dividirlo en dos o tres iniciativas coherentes, pero distintas, pero ambas cosas fueron desestimadas".
Por su parte, la líder socialista, Isabel Allende, comentó que "el plazo definitivo es que tiene que ser ley antes que termine este gobierno en marzo de 2018", indicando que "si llegamos en 2018 al 60 por ciento, sería un tremendo avance".
Ernesto Velasco, presidente del gobernante Partido Radical, afirmó que "aquí lo que hay es gratuidad con gradualidad. No hay gratuidad universal. El país no tiene condiciones para establecer un presupuesto preciso. Este año será el 50 por ciento y, a 2018, será cerca de un 60 por ciento y eso es muy valorable para las familias de bajos recursos".
Entretanto, la coalición derechista calificó de "irresponsable y mentiroso" el proyecto de ley de la educación superior, acusando que la gratuidad comprometida por el gobierno es "una venta de humo".
El vocero de ese sector, el senador Cristián Monckeberg, afirmó que "es un engaño a la ciudadanía, la gratuidad es simplemente una venta de humo donde se aseguró su aprobación, pero lo que viene hacia adelante es la incertidumbre total".
"Hay falta de conducción política del gobierno en el tratamiento de esta materia" y por el "déficit económico que se le traspasa a los futuros gobiernos", subrayó. Fin
