Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 18 may (Xinhua) -- El debate sobre el lucro en la educación en Chile no ha terminado, pese a los esfuerzos del gobierno para que la gratuidad se extienda en el país.
Ahora el tema ha vuelto a la discusión pública, luego de que parlamentarios de la coalición oficialista Nueva Mayoría plantearon la posibilidad de que la Reforma Educativa que impulsa el gobierno permita que existan universidades que puedan lucrar.
El fin del lucro en la educación fue la bandera que levantaron los alumnos de secundaria y estudiantes universitarios chilenos en 2011, al protagonizar las mayores protestas de las últimas décadas en el país.
Por ley, el lucro en la Educación en el país se masificó durante el régimen militar (1973-1900), al aplicar el modelo económico neoliberal, reducir el rol del Estado y privilegiar la educación privada en desmedro de la pública.
En Chile existen 59 universidades, 25 de ellas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, de las cuales 16 son estatales y nueve privadas, las cuales reciben aportes del Estado de Chile.
"La educación es un derecho social fundamental, tiene un valor público innegable y está en la base de una sociedad más justa, democrática y participativa", así lo define el Programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
"Nuestra sociedad debe abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo", precisó.
La Reforma Educativa ha sido rechazada por los partidos de derecha, que gobernaron con el régimen militar, y también por algunos militantes de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que integran el gobierno.
Los senadores Andrés Zaldívar, de la Democracia Cristiana, y el socialista Fulvio Rossi, se pronunció a favor del lucro en universidades privadas, al argumentar que en el sistema escolar se permite a los colegios particulares pagados, que puedan tener fines comerciales.
Uno de los críticos a esa propuesta es el diputado radical Alberto Robles, quien se manifestó en contra de la iniciativa porque, a su juicio, "la educación es un área de la sociedad donde no puede existir lucro", por tanto las universidades que lucran deben salir del sistema educativo.
"Algunos creen que la forma es dejar que algunas instituciones privadas se hagan cargo de la educación de los más ricos. Es un error enorme dado que aquellos que lucran lo hacen con recursos de los más pobres, no de los más ricos. Es una visión errada de la educación superior en Chile".
De acuerdo con el senador Carlos Montes, "hay 300.000 alumnos que están en universidades que dicen que no son con fines de lucro, pero todos sabemos que lo son, por eso, no pueden entrar a la gratuidad".
"Existen planteles con fines de lucro y van a seguir habiendo, por eso es primordial aumentar la matrícula en las universidades estatales", afirmó.
Por su parte el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), Ennio Vivaldi, en su libro "Universidades Estatales para el Desarrollo de Chile", subrayó que las instituciones que "juegan un rol clave en el sistema porque dan garantías de compromiso social y calidad".
Vivaldi sostiene que debe haber mayor fiscalización estatal en las instituciones privadas, pero que el foco debe estar puesto en la expansión de matrícula en las universidades estatales pues, a su juicio, "resulta absurdo que sólo el 15 por ciento de la matrícula en educación superior vaya a estos planteles".
El también rector de la Universidad de Chile agregó que "no se trata de poner límites a los dueños de la universidades privadas, sino de resguardar los derechos a una educación de calidad de los jóvenes que entregan sus recursos o los del Estado a estas instituciones".
La líder estudiantil, Marta Matamala, calificó de "insólito y grave" que parlamentarios de gobierno promuevan el lucro y desconozcan la demanda histórica de gratuidad del movimiento estudiantil, ante lo cual insistió en que es el gobierno el que debe "penalizar con mayor fuerza el lucro en la educación".
"El Partido Socialista, que levantó ahora el lucro, es más neoliberal que el mismo (Augusto) Pinochet, quien estableció la normativa de privatización de la enseñanza que hasta hoy funciona", añadió.
Matamala recordó que los estudiantes exigen que "la normativa vigente que no permite el lucro se haga efectiva a través de penas de cárcel para quienes incurran en este delito".
"Existen planteles privados que no cumplen ningún rol público ni estándar de calidad y deben erradicarse", enfatizó al señala que la discusión de fondo tiene que ver con los criterios e indicadores que permiten a un plantel recibir fondos fiscales.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que no existe duda respecto al actual marco legal y que en la Reforma Educativa no está presente la posición de legalizar el lucro.
Hasta ahora, mediante la Ley de Gratuidad, se han beneficiado unos 160.000 alumnos pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos y que optaron por alguna de las universidades autorizadas.
El gobierno se comprometió a ampliar en 2017 el número de jóvenes de los sectores más pobres que acceden a las universidades de manera gratuita, debido a que este año se presentaron problemas por la desaceleración de la economía chilena.
