CARACAS, 14 may (Xinhua) -- El Decreto de Emergencia Económica renovado la víspera por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contiene elementos "concretos" que apuntan a la protección de la independencia y la soberanía de esta nación frente a las reiteradas "agresiones" extranjeras.
Desde inicios de 2016, con la instalación de la Asamblea Nacional (AN) que cuenta con una mayoría opositora de derecha, este país suramericano se ha visto expuesto a constantes embestidas internacionales que son calificadas por el gobierno venezolano como "amenazas externas".
El instrumento legal aprobado por Maduro el pasado 14 de enero tuvo como propósito inicial contrarrestar los efectos de la "guerra económica", sin embargo, en esta ocasión se vio en la necesidad de agregar nuevas "medidas para garantizar la soberanía en cualquier escenario que se pretenda agredirnos".
Para el analista político Alberto Aranguibel, la decisión del Ejecutivo venezolano no significa "que estamos en medio de una conmoción", sino que adoptó medidas para preparar a los ciudadanos ante la "amenaza permanente que ha desatado el imperio norteamericano (...) contra nuestro país".
"Es una acción de prevención, precisamente para apoyar las acciones que vaya a tomar el gobierno nacional en defensa de nuestra soberanía, de nuestra territorialidad y del derecho del pueblo a elegir el gobierno de su preferencia. Es lo que está sucediendo", dijo Aranguibel en entrevista exclusiva con Xinhua.
De hecho, el presidente Maduro aseguró que se trata de "un nuevo decreto más integral, más completo", que durante los próximos 60 días apuesta al fortalecimiento económico y "derrotar la invasión extranjera que se ha afincado sobre nuestro país".
Además, la normativa que mantiene su articulado original (10 artículos) se prevé extender durante todo el año 2016 y el 2017, para seguir frenando "el golpe de Estado económico" cuya autoría adjudicó a grupos de la "ultraderecha" local y al empresariado privado.
Aranguibel recordó que como parte de la arremetida contra el gobierno venezolano, se han registrado "presiones muy grandes como nunca antes había sucedido. Se ha producido desabastecimiento de alimentos, medicinas, de productos de primera necesidad en general".
Según dijo, "se ha detectado que han sido desaparecidos de manera intencional (...) con miras a generar una convulsión que termine justificando una intervención extranjera en el país", hecho que no ha sido condenado ni desmentido por los legisladores de derecha en el Congreso.
Por ese motivo, Maduro está tratando de "independizarse en la medida de lo posible, en el marco constitucional, de las presiones que está ejerciendo la Asamblea Nacional para boicotear la gestión del gobierno nacional en defensa de los intereses de todos los venezolanos".
Sobre este asunto, el diputado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, ha denunciado que desde la llegada de la oposición al Parlamento venezolano, "no han hecho una sola cosa que beneficie al pueblo" y tampoco se han esforzado por "acabar con las colas".
Por otra parte, el comunicador Alberto Aranguibel precisó que el nuevo Decreto de Emergencia permitirá al dignatario suramericano tomar acciones para "acabar con el contrabando de extracción de nuestros alimentos y productos de primera necesidad".
"También el presidente (Nicolás Maduro) consolida así sus facultades como jefe de Estado y de gobierno, para poder accionar de manera más eficiente, expedita, más inmediata a la demanda en un momento determinado", añadió.
Pero Venezuela, además de las constantes amenazas de "invasión militar", afronta un "bloqueo financiero" que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Maduro, quien a su vez afirma que ha honrado sus compromisos internacionales por 30.000 millones de dólares.
"Venezuela desde hace tres años no puede refinanciar su deuda porque aumentan el Riesgo País. Nos ponen en una situación peor a cualquier país en guerra o en condiciones de tragedia histórica. ¿Saben por qué?, porque es un bloqueo indirecto", aseveró Maduro.
Agregó que este "bloqueo financiero" internacional es apoyado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, que busca debilitar a una nación cuyo gobierno no responde a intereses "imperiales".
En declaraciones a Xinhua, el economista Rafael Febles afirmó que "uno de los países de América Latina que está al día con el pago de la deuda (internacional) es Venezuela", pero a pesar de ello recibe constantes ataques que más allá "de la concreción de sanciones" son de índole mediáticos.
Manifestó que desde Washington se dirige una "concreción de la mediática" para aislar a Caracas de las relaciones con países como Argentina, cuyo gobierno conservador de Mauricio Macri difiere de las políticas de Maduro.
De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ratificó el pasado mes de marzo la orden ejecutiva que califica a esta nación caribeña como una "amenaza inusual y extraordinaria", insistió en la necesidad de cambiar de gobierno en Venezuela.
"La amenaza está latente. Nosotros no debemos perder de vista que Venezuela está en el ojo del huracán. Lo de Brasil no es accidental, no está separado de lo de Venezuela. La actitud del presidente Macri, las declaraciones de (José María) Aznar, y las del infame (Alvaro) Uribe Vélez, están alrededor de todo esto", indicó.
Esa situación, que es calificada por Venezuela como "una amenaza", llevó a Maduro a decidir que el próximo sábado 21 de mayo iniciarán ejercicios militares para defender a su país de una eventual intervención militar.
Además, el gobierno de Caracas ha dirigido este decreto a "fomentar los acuerdos internacionales y de integración, a fin de soportar los efectos de la arremetida", expresó Febles.
Es importante mencionar que, en el marco de la Emergencia Económica y la nueva Agenda Económica Bolivariana que se propone potenciar la producción nacional, Maduro ha impulsado importantes acuerdos con países como Rusia, Brasil, entre otros.
Por ahora, opinan expertos, el jefe de Estado venezolano debe profundizar medidas que obliguen a sus opositores a disminuir las arremetidas, que desde hace tres años han generado desabastecimiento y un alto índice inflacionario, con miras a justificar la solicitud de una intervención.
