BEIJING, 25 abr (Xinhua) -- La resolución del dilema que vive Francia debido al polémico intento del Gobierno de reformar la legislación laboral requiere un cambio sistémico que zanje las contradicciones sociales en interés del bienestar público y la estabilidad social.
El movimiento "La Noche en Pie", reuniones encabezadas por jóvenes para protestar por la reforma laboral propuesta por París, ha desembocado en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, con graves alteraciones del orden público en toda la nación.
Los tumultos han puesto de nuevo a Francia en una disyuntiva en cuanto a la gobernanza social: cualquier nueva reforma invita a las protestas callejeras, lo que, en contrapartida, debilita la determinación del Ejecutivo y apaga eventualmente la posibilidad de una sociedad mejor.
Bajo la presión de las protestas sociales, que van en aumento, el primer ministro galo, Manuel Valls, dio un paso atrás a principios de este mes y prometió enmendar el proyecto legislativo. Sin embargo, esto haría que no se pudiera esperar mucho de la llamada reforma legislativa laboral.
De hecho, la mayor parte de la gente en Francia, incluidos los que toman las calles con pancartas en las manos, son conscientes de la urgencia de un cambio de política que incluya la mejora del mecanismo de empleo y la reducción de los costes laborales, esenciales ambas para el crecimiento económico del país.
Según un sondeo reciente del diario francés "Le Parisien", más de la mitad de los encuestados dieron su visto bueno a una reforma de la legislación laboral. No obstante, en cuanto a hacerla realidad, más del 70 por ciento rechazó aceptarla.
La razón de este hecho podría ser sencilla: una parte de las reformas propuestas, tales como la prolongación de las horas de trabajo y el refuerzo de los derechos de los empleadores en cuanto a gestión laboral, probablemente perjudicaría los beneficios de la mayoría de la población francesa.
Aunque el alto nivel de bienestar social ha sobrecargado financieramente durante mucho tiempo al Estado y, por eso, ha dificultado el desarrollo económico, nadie quiere renunciar ni un ápice a sus intereses personales en favor del bienestar general de la sociedad.
El actual dilema en Francia recuerda a situaciones similares en Occidente en los últimos años, como el movimiento "Ocupa Wall Street" en 2011, cuando decenas de miles de estadounidenses tomaron las calles para protestar por la injusticia social y los monopolios financieros.
Sin embargo, ninguno de ellos tuvo un final feliz ni logró resultados deseables para ninguna de las partes. Solo expusieron el fracaso sistémico que afecta a muchos países occidentales, donde los canales de comunicación entre las diferentes capas sociales han estado bloqueados en gran medida, dificultando un consenso sobre cómo tratar los problemas sociales por vías pacíficas.
Tanto para el Gobierno como para el pueblo de Francia, la única salida a la encrucijada actual parece ser la adopción de acciones concretas y de un compromiso racional entre ambas partes. Al final, los sistemas políticos y económicos deben ajustarse para que los ciudadanos se sientan representados y servidos por sus gobernantes.
