CARACAS, 9 mar (Xinhua) -- Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela buscan sembrar la posibilidad de una eventual intervención extranjera que le permita "adueñarse" del petróleo venezolano, afirmó el politólogo Alberto Aranguibel.
El también conductor radiofónico y analista calificó en entrevista con Xinhua de "infundadas" estas acusaciones contra el gobierno del país sudamericano.
"El solo hecho de considerar 'amenaza' a un país pequeño como Venezuela, sin ningún tipo de armamento nuclear, ni ejército poderoso que pudieran significar una amenaza a la potencia más grande del mundo, hace ver que es una decisión arbitraria", enfatizó.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ratificó el pasado 3 de marzo la vigencia de la declaración -firmada por primera vez en marzo de 2015-, al considerar que la situación política "no ha mejorado" en Venezuela.
La Orden Ejecutiva del mandatario estadounidense califica al gobierno de la nación sudamericana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para Washington.
Según Obama, "el gobierno (venezolano) continúa erosionando las garantías de los derechos humanos" a través de la "persecución" de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa y el uso de la violencia en manifestaciones públicas.
Aranguibel, autor del libro "Reflexiones chavistas", señaló que la ratificación de esa Orden Ejecutiva se ha tomado de manera "unívoca" y sin ningún fundamento.
Dijo que no tiene otra finalidad que dar por sostenida una política de agresión por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos contra el país latinoamericano.
Reiteró que la decisión del mandatario estadounidense no aboga realmente por los intereses de los venezolanos, sino por los suyos propios, para intervenir militarmente en Venezuela y apropiarse de sus riquezas naturales, entre ellas las reservas petroleras.
La renovación del documento se dio a pesar de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó en diversas oportunidades su deseo y disposición de impulsar mejores relaciones diplomáticas con Washington, afectadas desde hace varios años.
Maduro se pronunció en ese sentido el pasado 24 de febrero al solicitar a Obama recibir las cartas credenciales de Maximilian Arveláez como embajador del país sudamericano en Estados Unidos.
Sostuvo entonces que esperaba "que ahora que viene el 9 de marzo, el presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra Venezuela y le reciba las cartas credenciales a Arveláez, para que demuestre su buena voluntad de relaciones con Venezuela".
Obama desestimó esa posibilidad y decidió seguir adelante con las sanciones que el gobierno venezolano ha calificado como "declaratoria de guerra".
El presidente venezolano declaró: "Venezuela presentará una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en el propio territorio norteamericano por el decreto de Barack Obama, porque este es un documento ilegal. No podemos tener ese decreto vigente".
Tras conocerse la renovación de la declaratoria del gobierno de Estados Unidos, su contraparte de Venezuela difundió a través de la cancillería la revisión integral de sus relaciones con el país del norte.
"El gobierno venezolano ha decidido someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de América (...) pronto anunciaremos otras acciones", expresó en su momento la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
Calificó la actuación del gobienro de Estados Unidos de "unilateralismo y extraterritorialidad".
En el mismo sentido se pronunció el analista Tony Boza, autor del libro "La guerra contra el pueblo" de la Fundación Construyendo Ciudadanía.
Dijo que era "absurdo" que un país con una economía pequeña pueda representar una "amenaza" para la potencia del norte.
"Es un absurdo que Venezuela pueda ser una amenaza para los Estados Unidos. El presupuesto de guerra de ese país es 1,5 veces todo el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación venezolana, es prácticamente 30 veces las reservas internacionales", expresó.
Boza indicó que la nación jamás ha agredido a ningún otro Estado.
Concordó en que es evidente que Estados Unidos ha declarado la "guerra" a la nación con el único fin de "obtener los recursos del subsuelo", lo que se traduce en la posesión de sus riquezas minerales.
Expresó que este decreto forma parte de los "pretextos" que ha utilizado históricamente el gobierno estadounidense para "invadir" a otros países.
El texto de Obama determina que su gobierno está "comprometido por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos (...), al proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela".
Puntualiza la ejecución de bloqueo de propiedades e intereses que mantengan funcionarios venezolanos en suelo estadounidense, cuyas acciones estén vinculadas con corruptela y violación directa de los derechos humanos de la ciudadanía.
