SEUL, 17 feb (Xinhua) -- Corea del Sur instó este miércoles a Japón a abstenerse de emitir declaraciones o realizar acciones que dañen el acuerdo alcanzado entre ambos países el pasado mes de diciembre, con el que resolvieron el conflicto sobre la esclavitud sexual a la que el Ejército nipón sometió a unas 200.000 mujeres, la mayoría coreanas, durante la Segunda Guerra Mundial.
El portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Cho June-Hyuck, advirtió que Japón debería demostrar con acciones su postura de restañar las heridas y restaurar la dignidad y el honor de las víctimas. De las 238 surcoreanas que se autodeclararon como antiguas esclavas sexuales, solo 46 siguen con vida.
Las declaraciones se producen después de que una delegación japonesa ante una sesión de un panel de las Naciones Unidas negase el martes el reclutamiento "forzoso" de Japón de las mujeres denominadas con el eufemismo "mujeres de solaz".
El representante nipón aseguró que no se habían encontrado documentos que confirmasen el reclutamiento, una tesis rechazada por el Ministerio de Exteriores surcoreano, que afirmó que se trata de un hecho probado por los testimonios de las víctimas, los documentos de las naciones aliadas y otros documentos de gobiernos y organismos internacionales.
Japón y Corea del Sur llegaron a un acuerdo el pasado 28 de diciembre tras una reunión en Seúl de sus respectivos ministros de Exteriores. Japón renovó una disculpa oficial por la esclavitud sexual, y el primer ministro, Shinzo Abe, expresó su disculpa y su arrepentimiento por los irreparables daños físicos y mentales infligidos a las víctimas.
Además, el Gobierno japonés se comprometió a pagar 1.000 millones de yenes (unos 8,3 millones de dólares estadounidenses) de sus fondos estatales para construir una nueva fundación en Corea del Sur de apoyo a las "mujeres de solaz". A cambio, Corea del Sur aceptó una resolución "definitiva e irreversible" sobre el asunto.
No obstante, grupos de defensa de las antiguas esclavas sexuales y algunos medios de comunicación surcoreanos condenaron el acuerdo, argumentando que no había tomado en consideración las opiniones de las víctimas.
