MEXICO, 18 nov (Xinhua) -- El ombudsman mexicano Luis Raúl González aseguró este miércoles que la tortura en este país persiste y alertó que la situación se agrava cuando se comete contra mujeres, adolescentes y niñas, utilizando la violencia sexual como un medio para obtener sus fines, llegando a configurar "tortura sexual".
Al inaugurar el foro "Hacia la erradicación de la tortura sexual a las mujeres en México", el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que la tortura y la impunidad siguen siendo un problema serio en México.
Asimismo, explicó que estos delitos aumentan cuando se trata de grupos vulnerables como migrantes irregulares y mujeres indígenas.
Ante organizaciones civiles, académicos, representantes de organismos y expertos, el Ombudsman mexicano señaló que la tortura no se justifica en ningún caso y denunció que las mujeres que sufren tortura sexual padecen muchas veces una revictimización.
Ante estos casos, dijo, es importante que todas las autoridades investigadoras de esos hechos apliquen los protocolos correspondientes con perspectiva de género.
Dijo que la obligación de proteger el derecho a la integridad recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que tienen la obligación de investigar o juzgar el caso.
Por lo tanto, expuso que debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que, sobre ese hecho, se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.
En el mismo acto, la relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, lamentó que parece que la tortura contra la población femenina es un método generalizado entre algunas autoridades que pretenden debilitar movimientos sociales.
Mencionó un caso en Perú en el contexto del conflicto armado de la década de 1980, cuando una mujer fue detenida y torturada sexualmente por agentes del Estado para obtener información sobre las actividades de su marido.
En América Latina, añadió, se observan también graves violaciones de derechos humanos contra mujeres perpetradas por particulares.
El Estado tiene siempre la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar estos delitos, además de reparar el daño, ya sea que hayan intervenido o no agentes del Estado en ese hecho, puntualizó.
En el foro se presentaron casos de mujeres víctimas de estos delitos, como el de la joven Claudia Medina y la señora Austreberta Casales, madre de una mujer que fue torturada y permanece presa en el estado mexicano de Nayarit por un delito, que asevera, no cometió.
