Por Alberto Rubio
MADRID, 4 sep (Xinhua) -- Las elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre no se pueden considerar legalmente un referéndum sobre la independencia unilateral de esta región autónoma, ya que la Constitución Española no contempla la posibilidad de convocar una consulta vinculante sobre la secesión de cualquiera de sus territorios.
De hecho, Artur Mas ha evitado cautelosamente colocarse fuera de la legalidad en el Decreto que firmó convocando elecciones, ya que dice textualmente: "Se convocan elecciones al parlamento de Cataluña que tendrán lugar el 27 de septiembre. Queda disuelto el parlamento anterior".
Cualquier alusión a una consulta sobre independencia hubiera llevado a la suspensión de la autonomía en Cataluña y a Artur Mas ante los jueces.
Sin embargo, la candidatura de Junts pel Sí (JpS), en la que se agrupan partidos como Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además de diversas organizaciones y asociaciones independentistas, está enfocada a lograr una mayoría secesionista en el Parlamento regional.
Si esa lista -en la que Artur Mas figura en el número 4 y que cuenta con candidatos tan singulares como el entrenador del Bayern Munich, Pep Guardiola- consiguiera 68 de los 135 diputados que componen la Cámara catalana, sus impulsores se considerarían legitimados para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Esa declaración unilateral de independencia no se va a producir, a juicio de una gran mayoría de analistas políticos. Dejando a un lado si JpS conseguirá esa mayoría absoluta, algo que no parece probable a tenor de las encuestas, el analista Marcus Pucnik asegura que "una declaración unilateral de independencia no es posible ni bajo la Constitución del Estado ni de acuerdo a las leyes internacionales, como ya ha dejado claro el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá" respecto a una propuesta similar de Quebec, un caso que los secesionistas catalanes han utilizado como modelo.
El doctor en Historia Contemporánea, Joaquim Coll, considera que una derrota de la candidatura secesionista no terminaría con el problema y, peor aún, si consiguieran la mayoría absoluta en el Parlament, "intentarían llegar hasta el final (declaración de independencia) y todo acabaría probablemente en una intervención de la autonomía". "Eso", añade Coll, "les daría pie a seguir presentándose como mártires que luchan por la libertad de Cataluña".
Para Pucnik, los escenarios que se presentan tras las elecciones apuntan a la necesidad de una imprescindible negociación con el Gobierno de España. "Aunque JpS y CUP (Candidatura d'Unitat Popular, otra agrupación independentista que se presenta en solitario) consiguiesen la mayoría absoluta, creo que más bien bajarían el listón y propondrían una negociación con Madrid".
Pucnik recuerda que el número 1 de la candidatura de JpS, Raúl Romeva, ha admitido que la declaración unilateral de independencia no existe. Pero una victoria electoral daría a los secesionistas mucha más fuerza para negociar con el gobierno central.
En CDC consideran que una mayoría parlamentaria sólida podría forzar una intervención europea. Sin embargo, las declaraciones de diversos responsables de la Unión Europea no auguran un apoyo europeo a la apuesta por la independencia de Cataluña.
La última en pronunciarse ha sido la canciller alemana, Angela Merkel, que el pasado 2 de septiembre, acompañada por Mariano Rajoy, aseguró que "hay que respetar la legalidad internacional y los tratados internacionales".
A estas elecciones están convocados 5 millones 510.713 electores, de ellos 5 millones 315.180 residen en Cataluña y 195.533 en el extranjero. 164.240 de ellos son jóvenes que votarán por primera vez, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esta será la segunda vez consecutiva que Mas recurra a unas elecciones anticipadas, tras haber fracasado en su intento de celebrar una consulta legal en 2012 sobre la independencia de Cataluña, una de las regiones españolas que mayor grado de autogobierno posee: puede dictar leyes en prácticamente todos los ámbitos de la política, salvo en política exterior, defensa y algunas áreas de política económica, como la fiscalidad.
Sin embargo, el debate preelectoral actualmente no se centra en las propuestas a los ciudadanos sobre sanidad, educación o fiscalidad, sino en la secesión de Cataluña. Algo que contrasta con la principal preocupación de los catalanes -según la última encuesta del Barómetro de Opinión Política del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, realizado el pasado 3 de julio- que es la precariedad laboral (42,1 por ciento), mientras que el sistema de financiación de Cataluña sólo preocupa al 1,9 por ciento.
A pesar de ello, el secesionismo ha dividido profundamente a los catalanes, como demuestra esa mismo Barómetro: el 42,9 por ciento de los encuestados quiere que Cataluña sea un Estado independiente mientras que el 50 por ciento se declara a favor de que siga integrada en España.
La encuesta refleja además un descenso del apoyo a la independencia, que en septiembre de 2012 llegaba al 54,83 por ciento.
Esos datos coinciden básicamente con los que arroja otra de las preguntas del mismo estudio sobre si los encuestados se consideran catalanes, españoles o ambos.
El 48,8 por ciento se declara español, más españoles que catalanes o tan españoles como catalanes, mientras que sólo el 25,3 por ciento se consideran sólo catalanes. Entre medias, un 22,3 por ciento se declaran "más catalanes que españoles".
La campaña electoral comenzará el próximo 11 de septiembre, el mismo día que se celebra la Diada de Cataluña, una fecha de enorme simbolismo para los independentistas. Hasta entonces todavía puede aumentar la tensión, no sólo social sino política. Dos hechos han contribuido a duros cruces de acusaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Artur Mas.
Por un lado, el registro de la sede de CDC en busca de pruebas sobre corrupción, y por otro el anuncio del PP de reformar, por vía de urgencia la Constitución para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a quien incumpla sus sentencias.
En ambos casos, Mas y sus seguidores han acusado al gobierno de utilizar electoralmente su poder, mientras que el Partido Popular ha respondido defendiendo la independencia de los jueces y señalando que la reforma constitucional era necesaria.
El choque entre el gobierno autónomo catalán y el gobierno de España viene desde la frustrada aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, que promovió el anterior presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y de la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a negociar un nuevo sistema de reparto fiscal para Cataluña, ya que el gobierno de Artur Mas considera que Cataluña aporta más al resto del Estado que lo que recibe de él.
En cualquier caso, la convocatoria de elecciones anticipadas, la segunda en dos años, es una arriesgada apuesta de Artur Mas, cuya gestión suspenden un 49,3 por ciento de los catalanes y que si no obtiene un respaldo suficiente a su candidatura "estaría acabado" políticamente, según el analista Marcus Pucnik.
"Los nacionalistas están muy tocados, han hecho demasiadas tonterías, pero no tienen más remedio que seguir adelante aunque cada vez tengan menos apoyos", concluye el analista senior asociado del Instituto Elcano, Florentino Portero.
