MEXICO, 22 jul (Xinhua) -- El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo hoy que su gobierno trabaja en la iniciativa para transformar el sistema jurídico del país, con el fin de asegurar la aplicación correcta de la ley.

"Estamos trabajando para hacer las propuestas necesarias en su momento al Congreso, que nos permitan modificar el andamiaje de distintos ordenamientos legales, que nos aseguren una justicia pronta y expedita, especialmente en aquellos ámbitos de la vida cotidiana", precisó durante un acto en el Castillo de Chapultepec, en la capital del país.

Durante un encuentro con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en el alcázar de Chapultepec, Peña Nieto consideró necesario poner al día las instituciones y las leyes "que permitan modelar los temas propios de nuestra época (...) que le permitan a esta sociedad generarse condiciones de mayor bienestar y de mayor calidad de vida".

El mandatario aprovechó para extender una invitación a los notarios a participar en los foros de consulta que se realizarán para las reformas al sistema jurídico.

El notariado mexicano "es una institución de confianza, y al dar fe pública de los hechos y actos jurídicos los notarios son factor de confianza, certeza y estabilidad", aseveró.

Insistió en que es necesaria esta reforma porque los mexicanos "tienen que acceder a una justicia ágil, rápida, moderna y que este a la altura de nuestra era y de nuestro tiempo para acceder a los diversos servicios, no sólo que presta el notariado, sino que presta un Estado para su población".

De acuerdo con cifras del gobierno, nueve de cada diez asuntos iniciados en las entidades federativas corresponden a justicia cotidiana, de los cuáles, 13 por ciento son del ámbito penal y 87 por ciento tienen que ver con los ámbitos familiar, mercantil y civil.

Según un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el principal problema en esta materia es que las personas desconocen sus derechos y cuáles son las vías para reivindicarlos.

El CIDE recomienda la creación de una instancia que coordine la acción gubernamental en materia de justicia, con el fin de evitar desigualdades en el acceso y la calidad de la justicia.