Por Luis Brito
MEXICO, 29 jun (Xinhua) -- A Carlos Domínguez lo apuñalaron 21 veces frente a sus nietos, a Pamela Montenegro le dispararon en el pecho en un restaurante, a Leobardo Vázquez lo balearon en su casa desde una motocicleta y un gatillero asestó dos tiros a Juan Carlos Huerta cuando conducía su automóvil.
Los cuatro eran periodistas que en este 2018 engrosaron una lista que rebasa por mucho el centenar de comunicadores asesinados en México en dos décadas, un problema que la Secretaría de Gobernación (Interior) plantea frenar impulsando una colaboración entre autoridades, medios y sociedad en un esquema que proteja a la prensa frente a la violencia.
"Ese esquema de protección integral no puede ser exclusivamente responsabilidad del Estado, tiene que haber una corresponsabilidad de los diferentes actores", señaló a Xinhua el subsecretario de Derechos Humanos de esa secretaría, Rafael Avante.
Indicó que las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia adscrita a Gobernación, dan cuenta de 139 homicidios de periodistas entre 2001 y junio de 2018.
La mayoría de ellos (112 periodistas) fueron asesinados a partir de 2007, año en que el anterior presidente, Felipe Calderón (2006-2012), inició una cruzada contra los cárteles de la droga que derivó en una ola de violencia que sigue a la fecha.
En este 2018 sumaron a junio siete comunicadores asesinados; además de Domínguez, Montenegro, Vázquez y Huerta, Pedro Damián Gómez fue encontrado sin vida en su hogar, Alicia Díaz murió en su cocina tras ser golpeada en la cabeza y el cuerpo de Héctor González fue tirado en la calle por personas que robaron su computadora, teléfono y camioneta.
El gobierno mexicnao mira la mano del crimen organizado detrás del grueso de los homicidios cometidos estos años y en algunas muertes emblemáticas de 2017 y 2018.
Las autoridades mexicanas han declarado que la hipótesis es que narcotraficantes callaron a los periodistas porque su trabajo los incomodó.
Avante apuntó que también se han dado casos que fueron producto de ligas entre criminales y funcionarios de nivel municipal, pero enfatizó que las agresiones a la prensa en México no obedecen a una acción del Estado por silenciar la libertad de expresión.
"No deja de ser un dato grave y preocupante, pero lo que sí hay que matizar es que no estamos enfrentando, como pudiera suceder en otras latitudes, una amenaza contra la democracia o una amenaza contra los equilibrios de poder", señaló.
"No se trata esencialmente de asesinatos políticos, no estamos en presencia de homicidios de periodistas que desde el Estado o bajo el ejercicio de la autoridad pública pretendan inhibir la libre expresión", agregó.
Las muertes se han dado en casi todo el país, pero 92 homicidios (el 66 por ciento de los 139 casos) se concentraron en seis estados del este, norte y sur mexicano, según las cifras del mecanismo.
Cinco de esas entidades, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa, están afectadas por la violencia de grupos criminales, mientras que en la sexta, Oaxaca, existe una mezcla de añejos conflictos sociales y políticos.
EL COMBUSTIBLE DE LAS AGRESIONES
Para académicos y defensores de la libertad de expresión, la situación se recrudeció con el paso del tiempo alimentada por una falta de castigo a los atacantes de la prensa.
El oficial del área de Comunicación de la oficina de Artículo 19 en México, Juan Vázquez, citó datos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) para exponer que en el 99 por ciento de los casos no hay condenas contra los responsables o éstos no han sido detenidos.
"Esa puerta abierta que es la impunidad, es tan abierta que permite la repetición de estos casos", dijo a Xinhua el vocero de la organización internacional que toma su nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama la libertad de expresión.
La falta de resultados, agregó Vázquez, se traduce en que no se sepa con certeza si los asesinatos los ordenó el crimen u otros actores.
Dos muertes de 2017 que se atribuyen al narcotráfico fueron las de Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados con casi dos meses de diferencia en los estados de Chihuahua y Sinaloa, ambas entidades bastiones de cárteles de la droga y escenarios de sus peleas.
Las dos experimentadas plumas hacían investigaciones sobre narcotraficantes en sus respectivos estados. Breach fue ultimada de siete tiros afuera de su casa en la ciudad de Chihuahua y Valdez de 12 balazos cuando se trasladaba en auto por calles de Culiacán, capital de Sinaloa.
Por esos crímenes han sido arrestados supuestos pistoleros aliados del cártel de Sinaloa, inmerso en pugnas internas desde que su fundador, el capo Joaquín "el Chapo" Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos en 2017.
Pero así como hay esos casos, hoy emblemáticos de la violencia hacia la prensa, también están otros donde los comunicadores se enfocaban en temas políticos de sus ciudades.
Uno de ellos es Carlos Domínguez, quien tenía 77 años cuando varios hombres lo mataron de 21 puñaladas frente a sus dos nietos pequeños en enero pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; su hijo declaró a la prensa que escribía artículos de opinión sólo sobre política local.
En marzo pasado, dos policías fueron condenados a 25 años de cárcel por el rapto y muerte de Moisés Sánchez en enero de 2015 en la municipalidad de Medellín, Veracruz, un crimen que fiscales sospecharon que ordenó el entonces alcalde de esa localidad y quien huyó.
"No importa si es el crimen organizado o quien sea, el Estado tiene la obligación de actuar. No le podemos pedir al crimen organizado que deje de ser lo que es", opinó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva.
Consideró que una respuesta es que la fiscalía especial de delitos contra periodistas federal se nutra con personal que tenga perfil para resolver este tipo de homicidios, que llevaron a que México sea clasificado por activistas entre los países más peligrosos para la prensa a nivel global.
"Que efectivamente tengamos gente que pueda dar y esté comprometida a dar resultados con un conocimiento claro de la importancia de la libertad de expresión", dijo Villanueva en entrevista.
Frente al escenario, el gobierno mexicano llamó en mayo de 2017 a las 32 entidades a fortalecer sus fiscalías y crear unidades de protección que trabajen con el mecanismo federal, de cara a monitorear riesgos hacia periodistas y reaccionar a emergencias.
Para el coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, el trabajo de las autoridades necesita abrirse más a una revisión y participación del gremio o los congresos locales para mejorar su eficacia.
"No se trata de ponerle un policía a cada periodista, sino que habría que revisar el mecanismo y que no ocurran más casos de agresiones y mucho menos muertes", agregó el académico.
ACOMPAÑAR Y PROTEGER A LA PRENSA
En la actualidad hay más de 200 periodistas que viven con medidas de protección del mecanismo, que en una minoría de casos ha tenido que sacarlos de su ciudad ante el riesgo que corren y en otros designarles escolta personal.
Avante, el subsecretario de Derechos Humanos y miembro del mecanismo, coincidió con los expertos en que falta reforzar el terreno de las pesquisas para castigar los ataques, pero dijo que para proteger a la prensa de criminales u otros actores se necesita impulsar una estrategia desde varios ángulos.
El esquema que planteó abarca que se mejoren las condiciones laborales y la responsabilidad del empleador cuando un periodista cae en riesgo, así como mecanismos para que se divulgue masivamente información por la que un comunicador recibió amenazas como una forma de exhibir a su agresor.
"Tenemos en el mecanismo casos donde el periodista ha tenido que ser sustraído, desplazado, de su lugar de tarea para protegerlo de las amenazas y la respuesta que encontramos en el patrón es una baja", explicó el funcionario.
Otros dos ángulos son que abogados presten asesoría a comunicadores demandados por sus publicaciones, que es una táctica usada como presión, y facilidades laborales, escolares y de trámites para periodistas desplazados en las ciudades donde se refugian.
"Estamos aún incipientes en el esquema. Tenemos que pensar hacia adelante en retos que nos permitan una auténtica protección integral y dignificación del quehacer periodístico", afirmó Avante.
