BEIJING, 4 mar (Xinhua) -- El primer proyecto de ley contra la violencia doméstica de China será probablemente sometido a una primera lectura en el máximo órgano legislativo del país en agosto, informó hoy miércoles la portavoz de la tercera sesión de la XII Asamblea Popular Nacional (APN), Fu Ying.

"Si todo va bien, esperamos que la ley tome forma después de dos o tres lecturas", precisó Fu en rueda de prensa, agregando que el borrador de la ley se ha puesto en consulta pública.

La mayor controversia sobre el borrador reside en determinar bajo qué condición pueden las autoridades intervenir en los asuntos privados de una pareja o familia, afirmó Fu, pues es difícil alcanzar un consenso sobre dónde trazar una línea, ya que la sociedad china es relativamente conservadora.

No obstante, elaborar una ley contra la violencia doméstica ha revelado la postura del país respecto a este asunto, que es la de no tolerar la violencia incluso entre los miembros familiares, destacó la portavoz.

Tradicionalmente, la violencia doméstica ha sido considerada un asunto privado y un tabú que se mantiene dentro de la familia. La policía normalmente no responde a la petición de ayuda de las víctimas.

Según datos de la Federación de Mujeres de China (FMCh), cerca del 25 por ciento de las mujeres chinas ha sufrido la violencia doméstica durante su matrimonio.

Una investigación llevada a cabo en 2010 por la citada organización y el Buró Nacional de Estadísticas revela que el 33,5 por ciento de niñas y el 52,9 por ciento de niños encuestados habían recibido "castigos físicos" de sus padres durante los 12 meses de ese año.

Un informe publicado en noviembre del año pasado por la Televisión Central de China citó otra encuesta, según la cual el 13,3 por ciento de los ancianos chinos sufría el abuso familiar.

Con el aumento de la concienciación pública y los reportajes de los medios de comunicación al respecto, los ciudadanos han solicitado fuertemente a la legislación sobre este asunto.

El borrador, publicado el pasado mes de noviembre por la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado, el gabinete del país, autoriza a las organizaciones sociales e individuos disuadir, prohibir e informar de los abusos físicos y psicológicos por parte de familiares de las víctimas.

El borrador exige también la intervención inmediata de la policía una vez recibida la petición de ayuda.