Por Cesar Ríos
Las deportaciones en la nueva Administración Trump han tomado un carácter selectivo estrechamente vinculado a intereses políticos y comerciales. Países como Honduras, Venezuela, México, Panamá y Colombia han sido los principales afectados por estas políticas, evidenciando que las decisiones migratorias no responden únicamente a cuestiones de seguridad, sino también a estrategias de presión y negociación.
A pesar de los temores iniciales, a un mes de haber tomado posesión el nuevo Gobierno, los datos no reflejan la existencia de deportaciones masivas. Sin embargo, lo que sí se ha instaurado es una atmósfera de terror y miedo entre la población migrante. La narrativa oficial y las políticas de la Administración han arrojado un tupido velo sobre las comunidades migrantes, proyectando la idea de que el futuro en Estados Unidos es cada vez más incierto para ellos.
Esta campaña de intimidación ha dado resultados concretos. En apenas unas semanas, los cruces irregulares por la frontera sur han caído un 90 por ciento, una reducción que no puede explicarse únicamente por medidas de seguridad, sino por el miedo generalizado que ha invadido a los potenciales migrantes. La amenaza constante de detención y deportación ha hecho que muchos reconsideren sus planes de migración hacia Estados Unidos.
Las órdenes ejecutivas que han acompañado esta estrategia reflejan una visión restrictiva y poco humanitaria de la migración. Estas medidas contrastan con la historia del país, construido en gran parte por migrantes que encontraron una oportunidad de progreso en su suelo. Sin embargo, la respuesta legal no se ha hecho esperar. Ya hay tribunales rechazando algunas de estas órdenes ejecutivas que afectan directamente a las familias migrantes. Y se están preparando nuevas acciones legales para frenar estos excesos.
Mientras la batalla judicial avanza, la comunidad migrante sufre un clima de persecución que genera también un drama humano profundo. Familias separadas, niños temerosos de ir a la escuela por miedo a que sus padres sean detenidos y trabajadores esenciales que evitan acudir a hospitales o denunciar abusos laborales por temor a ser deportados; todo esto responde a un objetivo muy claro de la Administración Trump: frenar por completo la migración irregular sin importar los costos humanos.
En este contexto, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial. La forma en que difunden la información puede contribuir a la desinformación y el pánico. O, por el contrario, ayudar a la población migrante a tomar decisiones informadas. Es fundamental que sean responsables en su cobertura, evitando exagerar el miedo, pero promoviendo también información verificada sobre derechos y recursos disponibles para los migrantes.
El impacto de esta campaña es tan profundo que ya se han registrado casos de autodeportaciones. De personas que, ante el temor y la incertidumbre, deciden regresar voluntariamente a sus países de origen. Este fenómeno demuestra que, más allá de las cifras oficiales, la política migratoria de la nueva Administración está logrando su cometido de desincentivar la migración a costa de la dignidad y el bienestar de miles de personas.
La migración es un fenómeno histórico y estructural que no se resuelve con medidas de choque ni a través del miedo. La solución debe pasar por enfoques más humanos y sostenibles que consideren tanto las necesidades de los países receptores como los derechos fundamentales de quienes buscan una vida mejor. La historia ha demostrado que la represión nunca ha sido la respuesta definitiva a la migración. Y esta vez tampoco será la excepción.
(César Ríos es presidente y director de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador, desde donde lidera iniciativas de inclusión económica y gobernanza migratoria para la región)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del escritor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
