BEIJING, 13 oct (Xinhua) -- Los legisladores chinos están considerando reducir a 12 años la edad mínima a la que una persona podrá ser condenada en casos individuales y circunstancias específicas.
La propuesta fue formulada en un proyecto de enmienda a la Ley Penal presentado hoy martes ante la actual sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país.
Si un menor que ha cumplido 12 años pero es menor de 14 comete un homicidio intencional o inflige una lesión que conduzca a la muerte en circunstancias flagrantes, deberá asumir la responsabilidad penal, previa certificación y aprobación de la Fiscalía Popular Suprema (FPS), según el borrador.
Actualmente, los menores de 14 años no asumen ninguna responsabilidad penal en China. Sin embargo, algunos casos graves en relación con delitos violentos cometidos por menores de edad en los últimos años han provocado un acalorado debate sobre la edad mínima para la responsabilidad penal.
Además, estadísticas de la FPS sobre delitos cometidos por menores han suscitado preocupación. En años recientes, China ha experimentado un aumento en el número de casos de delincuencia juvenil, según un libro blanco emitido por la fiscalía.
De 2014 a 2017, el número de arrestos de menores revisados por las fiscalías del país disminuyó de 56.276 a 42.413, y luego se incrementó en un 5,87 y un 7,51 por ciento en 2018 y 2019, respectivamente. El número de menores procesados aumentó un 5,12 por ciento interanual en 2019.
Los delitos juveniles más comunes procesados fueron robo, asalto, riña, provocación de disturbios y asaltos sexuales. Estos delitos representan casi el 82,28 por ciento del total, según el citado documento.
El proyecto de enmienda también agrega disposiciones destinadas a fortalecer la protección de los menores ante casos de abuso sexual.
Estipula, además, que los tutores y las personas que adopten niñas de entre 14 y 16 años y sostengan relaciones sexuales con ellas serán investigados por conducta sexual indebida, independientemente de que las menores estén de acuerdo o no. Otras personas que estarán bajo la lupa de la justicia incluyen los encargados de brindar tratamiento médico y educar a menores de edad.
En circunstancias de flagrancia, la pena máxima puede llegar hasta 10 años de prisión.
