BEIJING, 1 ago (Xinhua) -- Ignorando la vida de los ciudadanos, discriminando a los grupos raciales minoritarios y perjudicando la cooperación internacional, el comportamiento de Washington en medio de la devastadora pandemia de la COVID-19 ha dejado al descubierto su verdadero concepto de los derechos humanos.
La respuesta de la actual Administración de Estados Unidos al coronavirus, ampliamente considerada como fraudulenta y fallida, ha exacerbado los arraigados problemas del país como la división social, la brecha en la riqueza, la discriminación racial y la deficiente protección de los derechos e intereses de los grupos vulnerables. También reveló la hipocresía y la duplicidad de Washington en materia de derechos humanos.
A los ojos de muchos observadores, la imagen de EE.UU. como "una ciudad en la cima de la colina", el retrato del país como un "faro de esperanza" para el mundo, se está desvaneciendo.
"Las personas que defienden y luchan por la democracia, los derechos humanos y la libertad en todo el mundo están desilusionadas con el Gobierno de Estados Unidos y no ven a la Administración actual como un verdadero socio", señaló David Kramer, exsecretario asistente de Estado de Estados Unidos para los derechos humanos.
DESPRECIO: NO TODAS LAS VIDAS HUMANAS CUENTAN
A pesar de las advertencias tempranas sobre el nuevo coronavirus, EE.UU. pronto se convirtió en el país más afectado del mundo con el mayor número de casos confirmados y de muertes, aunque goza de las mayores fortalezas económicas y tecnológicas y los recursos médicos más abundantes del mundo.
El número de casos de COVID-19 en Estados Unidos ya superó la marca de los 4 millones para llegar a 4.536.240 hasta el viernes, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, la cifra nacional de muertes por la enfermedad aumentó a 152.878.
La COVID-19 se ha convertido en la causa número 1 de muerte en EE.UU., matando a más personas por día que el cáncer o una enfermedad cardíaca, según un gráfico publicado en Newsweek el 9 de abril. El virus ha matado a más estadounidenses que en las guerras de Corea, Vietnam, Afganistán e Irak combinadas.
Muchas de esas muertes podrían haberse evitado si la Administración del presidente Donald Trump hubiera sido más proactiva en la lucha contra la pandemia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia estimó que si EE.UU. hubiera comenzado las cuarentenas en las ciudades y ordenado el distanciamiento social dos semanas antes del 1 de marzo, aproximadamente el 83 por ciento de las muertes que ocurrieron en el país a principios de mayo se habrían evitado.
El egoísmo, la miopía, la visión a corto plazo, la incapacidad y la irresponsabilidad del Gobierno de EE.UU. han quedado expuestos en su manejo decepcionante de la pandemia. Washington de ninguna manera puede eludir la responsabilidad por las sorprendentes cifras que la furiosa epidemia ha infligido al país.
Debido a su flagrante desprecio por las alertas tempranas, Washington perdió la oportunidad para cortar el contagio de raíz. Al asumir la COVID-19, algunos políticos estadounidenses también han ignorado la salud y la vida de las personas, y han priorizado la política electoral y las ganancias del capital.
A medida que la pandemia sigue avanzando, esos políticos, en lugar de intensificar sus esfuerzos para combatir el coronavirus, se han obsesionado con politizar los problemas relevantes y encontrar chivos expiatorios. Con la enfermedad aún no contenida, ignoraron las advertencias profesionales y se apresuraron a relajar las medidas restrictivas para obtener ganancias económicas, lo que solo provocó un repunte del brote.
Gregg Gonsalves, codirector de la Asociación por la Justicia Sanitaria Global de la Universidad de Yale, apuntó que la respuesta a la COVID-19 por parte de la Administración Trump está "por defecto, muy cerca del genocidio".
"¿Cuántas personas morirán este verano, antes del día de las elecciones? ¿Qué proporción de las muertes serán las de afroamericanos, latinos y otras personas de color?", tuiteó el 6 de mayo. "¿De qué otra manera puede llamarse sino muerte masiva como política pública?"
Desafortunadamente, los grupos vulnerables del país, incluidos los ancianos, los pobres, los afroamericanos y los latinoamericanos han sido los más afectados por la COVID-19 y siguen siendo los más expuestos.
En al menos 23 estados de EE.UU., la mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con hogares de ancianos, según The New York Times. A partir del 15 de julio, las muertes en centros de atención a largo plazo representaron más del 42 por ciento de las muertes por la pandemia en el país.
Sin embargo, a algunos miembros de la élite estadounidense no parece importarles. Dan Patrick, vicegobernador de Texas, explicó a Fox News el 23 de marzo que los abuelos como él no quieren "sacrificar el país" y están "dispuestos" a arriesgarse a morir para proteger la economía de sus nietos.
Ben Shapiro, editor en jefe de The Daily Wire, un sitio web de noticias de derecha estadounidense, sugirió en una entrevista el 30 de abril que no vale la pena salvar la vida de las personas mayores.
"Si alguien que tiene 81 años muere de COVID-19, eso no es lo mismo que alguien que tiene 30 años muera de COVID-19... Si la abuela muere en un hogar de ancianos a los 81 años, eso es trágico y terrible, también la esperanza de vida en los Estados Unidos es de 80 ", expresó.
DISCRIMINACIÓN: UN PREJUICIO ASFIXIANTE
No mucho tiempo antes de morir asfixiado al presionarle un agente de policía el cuello con la rodilla, el afroamericano George Floyd había perdido su trabajo como portero en un restaurante. Su infortunio, resultado de la discriminación racial sistemática y arraigada en EE. UU., se erigió en un símbolo de los padecimientos agravados que enfrentan los estadounidenses no blancos durante la COVID-19.
Las longevas y sistemáticas desigualdades sociales y sanitarias en el país han puesto en mayor riesgo de contagio y muerte a los grupos étnicos minoritarios. Además, estos grupos son más vulnerables a sufrir el duro impacto económico de la COVID-19.
Hasta el 12 de junio, la tasa de infecciones y muertes entre la población negra no hispana era unas cinco veces mayor que la de los blancos no hispanos, mientras que entre la población de origen latino e hispano era unas cuatro veces mayor, según un comunicado publicado el 25 de junio por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Ante el precio desorbitado de los seguros de salud, una gran proporción de las minorías étnicas estadounidenses no está cubierta. En 2018, la población hispana y negra no asegurada era del 19 y el 11 por ciento, respectivamente, frente al 8 por ciento de los blancos, según datos de la Fundación Kaiser Family, una organización sin ánimo de lucro estadounidense.
El sistema médico y de salud estadounidense no es justo para los afroamericanos. En comparación con los blancos, reciben menos tratamiento y el tratamiento que reciben es de menor calidad, de acuerdo con Marc Morial, presidente de la Liga Nacional Urbana, la más antigua y mayor organización de defensa de los derechos civiles del país.
"Tenemos menos probabilidades de que nuestras quejas se atiendan. Pero incluso si se atienden, tenemos menos probabilidades de que el resultado sea positivo. El gran nivel de desigualdad erosiona la confianza de los negros estadounidenses en el sistema de salud", dijo la semana pasada en un comunicado.
En lo que respecta al mercado laboral, la brecha de desempleo racial se ha ensanchado durante la pandemia. En junio, esa brecha entre afroamericanos y blancos era la mayor en cinco años.
La tasa de desempleo en la población no blanca cayó al 15,4 por ciento, mientras que la de los blancos lo hizo al 10,1 por ciento, según datos divulgados por el Departamento de Trabajo el 2 de julio.
INDIFERENCIA: EL MUNDO EN RIESGO
Marvin Canahui, un inmigrante guatemalteco de 38 años, explicó que su experiencia era la típica de miles de personas que fueron retenidas o deportadas durante la pandemia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
"Ni siquiera nos daban jabón de manos ni desinfectantes", recordaba Canahui, que volvió recientemente a su país tras trabajar en Estados Unidos 17 años.
Excepto en el comedor y en la zona de teléfonos, no había medidas de limpieza ni prevención, como distanciamiento social, en las instalaciones, donde compartía dormitorio, duchas y baños con otros 200 migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Bajo el pretexto de contener la COVID-19 en el país, algunos políticos estadounidense no han ahorrado esfuerzos en seguir adelante con la polémica agenda sobre inmigración, con miles de deportaciones de centroamericanos, algunos de ellos contagiados con el coronavirus. La Administración Trump ha exportado sin dudarlo el virus a otros países, poniendo así al mundo en un gran riesgo.
Después de que la enfermedad se detectase en algunos centros de detención, el ICE, sin hacer pruebas a los inmigrantes allí retenidos, continuó deportándolos a sus países de origen, aseguró un informe reciente del Centro de Investigación Económica y Política, un "think tank" con sede en Washington.
Según el texto, de finales de mayo, desde el 13 de marzo, el ICE había gestionado al menos 135 vuelos de deportación de inmigrantes de 13 países de América Latina y el Caribe. Algunos deportados dieron positivo a la prueba del coronavirus en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
Además de exportar la COVID-19, enemigo común de la humanidad, Estados Unidos ha mostrado durante mucho tiempo indiferencia ante la necesidad urgente de unidad y solidaridad en esta lucha mundial.
Sigue defendiendo el unilateralismo en nombre de "Estados Unidos primero" a través de varias medidas, como imponer vetos a la exportación de suministros médicos nacionales y competir con otros países por las patentes de la vacuna para el coronavirus. A finales de junio, el Gobierno estadounidense compró a la farmacéutica del país Gilead casi toda la producción prevista para tres meses de remdesivir, un fármaco para tratar la COVID-19.
Y lo que es peor, la Administración Trump decidió abandonar oficialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio de 2021, algo que dificultará la lucha mundial contra la COVID-19, en detrimento no solo del mundo sino del propio EE. UU..
Lawrence O. Gostin, director del Instituto O'Neill de Legislación Sanitaria Nacional y Mundial de la Universidad de Georgetown y también director del centro sobre derecho sanitario nacional y mundial que colabora con la OMS, calificó la medida de estúpida, arrogante y desastrosa.
A su juicio, así como al de muchos otros, la retirada de la OMS hará que los estadounidenses "estén menos seguros en una crisis de salud mundial sin precedentes".
