MONTEVIDEO, 15 abr (Xinhua) -- Uruguay confirmó hoy la novena muerte por COVID-19, enfermedad que acumula 493 casos desde que se diagnosticaron los primeros pacientes el 13 de marzo pasado, según el informe divulgado esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
"Se trata de un paciente de 76 años que estaba siendo tratado en cuidados intensivos y falleció esta tarde en Montevideo", informó el Sinae.
De las 212 personas que tienen en curso la enfermedad, 13 se encuentran en cuidados intensivos, detalló el reporte.
Hasta el momento se registran 272 pacientes recuperados.
De acuerdo al relevamiento oficial, hoy se procesaron 519 análisis, que arrojaron un nuevo positivo, y desde el comienzo de la epidemia 10.448 test, con 539 positivos, aunque esa cifra incluye a algunas personas que dieron positivo más de un test.
Al día de hoy hay casos confirmados en nueve de los 19 departamentos del país, si bien la mayor parte de los pacientes reside en Montevideo y Canelones, que concentran casi la mitad de la población.
El gobierno uruguayo exhorta desde el lunes al uso de tapabocas en el transporte público.
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció la semana pasada que las clases en buena parte de las escuelas rurales se reanudarán el 22 de abril, pero no definió una fecha para el resto de las escuelas y los otros sistemas educativos, cuyos cursos se suspendieron hace un mes.
Lacalle opinó que al considerar el "ritmo de contagio" y el "ritmo de recuperados" "nada hace pensar, si este pacto ciudadano (de cumplir las medidas de prevención) se sigue cumpliendo, que estemos ante una disparada de casos".
Tras decretarse la emergencia sanitaria el 13 de marzo se definió la prohibición de los espectáculos públicos, la suspensión de las clases de la enseñanza, el cierre de los grandes centros comerciales y se exhortó al "aislamiento social".
Como respuesta a la pandemia el gobierno anunció la creación del Fondo Coronavirus para atender las necesidades sanitarias y sociales, que se nutrirá con aportes de recortes en los salarios elevados del Estado, utilidades de empresas públicas y préstamos de organismos multilaterales de crédito.
