MONTEVIDEO, 9 abr (Xinhua) -- Uruguay confirmó hoy 17 nuevos positivos y alcanzó los 473 casos de COVID-19, siete de ellos mortales, según el informe divulgado esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Este jueves se procesaron 681 análisis del nuevo coronavirus, el mayor número de test en un día desde que se declaró la emergencia sanitaria con la confirmación de los primeros casos, el 13 de marzo.
Trece pacientes están hospitalizados en cuidados intensivos y cuatro en cuidados intermedios, detalló el reporte del Sinae.
Hasta el momento, se han recuperado 206 pacientes diagnosticados y se han procesado 6.856 test de diagnóstico.
Hay casos confirmados en 13 de los 19 departamentos uruguayos, aunque la mayor parte están en Montevideo y Canelones, que concentran más de la mitad de la población.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció el miércoles que las clases en buena parte de las escuelas rurales se reanudarán el 22 de abril, pero no definió una fecha de reanudación para el resto de las escuelas y los otros sistemas educativos.
Lacalle dijo que "si uno ve el ritmo de contagio" y "el ritmo de recuperados nada hace pensar, si este pacto ciudadano (de cumplir las medidas de prevención) se sigue cumpliendo, que estemos ante una disparada de casos".
Según una proyección que manejó el mandatario, para colmar las camas de cuidados intensivos que dispone el sistema de salud -622 en total- la cifra de casos en Uruguay debería trepar a 8.700.
Con la emergencia sanitaria se decretó la prohibición de espectáculos públicos, la suspensión de las clases de la enseñanza y el cierre de los grandes centros comerciales y se exhortó al "aislamiento social".
A lo largo de la Semana Santa, conocida localmente como Semana de Turismo, se clausuraron las accesos a las playas y paseos recreativos para desestimular las aglomeraciones de gente.
Como respuesta a la pandemia el gobierno anunció la creación del Fondo Coronavirus para atender las necesidades sanitarias y sociales, que se nutrirá con aportes de recortes en los salarios elevados del Estado, utilidades de empresas públicas y préstamos de organismos multilaterales de crédito.
