LA PAZ, 6 dic (Xinhua) -- El Movimiento Al Socialismo (MAS), del dimisionario presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó hoy por mayoría en la Cámara de Diputados una ley de protección de derechos de los dirigentes sindicales y sociales que actuaron en las protestas tras las elecciones del 20 de octubre pasado.
El presidente de la Cámara de Diputados (MAS), Sergio Choque, explicó a los periodistas que el proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales, promovido por una parte del MAS, fue remitido a la Cámara de Senadores, tras ser aprobado la madrugada de este viernes.
"Se aprobó en la madrugada esta ley que no genera impunidad, como dice la minoría, sino que busca evitar más detenciones y procesos arbitrarios principalmente contra dirigentes que participaron de las protestas luego de las elecciones del 20 de octubre", agregó.
Sin embargo, la ministra de Comunicación del gobierno interino de Bolivia apoyado por la oposición, Roxana Lizárraga, señaló que el Poder Ejecutivo no promulgará esa ley.
Por su parte, el ministro de Justicia del gobierno interino de Bolivia apoyado por la oposición, Alvaro Coimbra, sostuvo que la propuesta normativa es meramente enunciativa, y sólo ratifica aspectos que ya están establecidos en la Constitución Política del Estado y las normas vigentes.
Entre sus disposiciones, la ley establece "la tramitación de salvoconductos para personas que tramitan asilo", lo cual puede favorecer al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada de México en La Paz.
Contra Quintana pesa una denuncia por "terrorismo y sedición", los mismos que se le atribuyen a Morales.
Este proyecto de ley prohíbe detenciones, persecuciones y "cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derechos y libertades por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019".
Ese día, siguiente a las elecciones ganadas por Morales, se desató en Bolivia una escalada de conflictos sociales y políticos de cinco semanas, con manifestaciones y paros cívicos que desembocaron en su dimisión el 10 de noviembre, y su posterior asilo en México.
La ley aprobada por el MAS prevé la libertad de todos los manifestantes que no hayan sido imputados hasta 24 horas después de su detención, ordena a la Fiscalía una amplia investigación de la violencia en las protestas y dispone el pago de indemnización a las familias de los fallecidos, además de tratamiento médico gratuito para los heridos.
La norma dispone además que el gobierno dé protección a los dirigentes sociales y a los legisladores, y reafirma la vigencia de la libertad de expresión, al declarar expresamente que la difusión de información sobre las protestas no puede ser considerada delito.
Después de que Jeanine Añez, líder del gobierno interino de Bolivia con apoyo de la oposición, determinara no viabilizar la Ley de Garantías, el MAS consideró que la senadora Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores está habilitada para hacer la promulgación.
"Esperemos que en el gobierno cambien de opinión, si no lo hacen, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, 10 días posteriores a los que tiene el Ejecutivo, si no lo realiza el Ejecutivo, lo hará el Legislativo", anunció el diputado del MAS, Lino Cárdenas.
