BUENOS AIRES, 20 nov (Xinhua) -- El Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, programó para el lunes 2 de diciembre próximo su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen prevista esa fecha para convocar a la expresidenta (2007-2015), aunque ello dependerá de la extensión de las declaraciones indagatorias previstas para el lunes 25 de noviembre, explicaron fuentes judiciales citadas por la agencia estatal de noticias, Télam.
Para el próximo lunes 25 de noviembre están programadas las declaraciones de un exfuncionario de la Dirección de Vialidad, José Santibañez, y del empresario Lázaro Báez, detenido desde 2016.
Con la indagatoria a la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 acusados en la causa y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del año próximo.
La investigación busca determinar si Fernández direccionó durante su gestión como jefa de Estado obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos 730 millones de dólares) en favor de la firma de construcciones Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez.
Los fiscales que prepararon el caso en la etapa previa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, afirmaron que los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en la meridional provincia argentina de Santa Cruz entre 2004 y 2015.
Fernández, actual vicepresidenta electa por el espacio "Frente de Todos", ha rechazado las acusaciones diciendo que es víctima de una "persecución judicial".
El proceso comenzó el 21 de mayo pasado.
Además de la exmandataria están acusados, entre otros, el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
Todos están procesados por el presunto delito de "asociación ilícita y defraudación a la administración pública" a raíz del presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz (sur) a favor de empresas del grupo Báez, como así también por el supuesto "pago de sobreprecios" e "incumplimientos" en la realización de las obras.
