Manifestantes participan durante una protesta en contra de las medidas económicas del Gobierno chileno, en Santiago, capital de Chile, el 8 de noviembre de 2019. Chile enfrenta desde hace más de dos semanas una difícil situación derivada del descontento social por las bajas pensiones, los altos costos de los servicios básicos y la calidad de la salud y la educación. (Xinhua/Jorge Villegas)
SANTIAGO, 9 nov (Xinhua) -- Decenas de miles de personas se congregaron el viernes en la Plaza Italia de Santiago, uno de los principales puntos de reunión de la capital chilena, para protestar por tercera semana consecutiva por demandas sociales.
Según las cifras oficiales, unas 75.000 personas se manifestaron en las calles para exigir mejores pensiones y salarios, y reclamar por los altos costos de la salud y la educación, entre otros.
Por su parte, organizaciones sociales estimaron que más de 300.000 personas de todas las edades se movilizaron de manera pacífica, en medio de los cánticos, los fuegos artificiales, los creativos letreros y el toque de cacerolas, ya un símbolo de la revuelta chilena.
Los manifestantes se fueron retirando al caer la noche tras ser repelidos por los carros lanza aguas y las bombas lacrimógenas empleadas por Carabineros.
En este contexto y al margen de la multitudinaria protesta, se registraron barricadas y cortes de tránsito en diversos sectores de la ciudad, entre otros incidentes, como el incendio que dañó gravemente la sede central de la Universidad Pedro de Valdivia, construida en 1915 y considerada un edificio patrimonial.
El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, señaló al respecto que el hecho "no va a quedar impune. Si alguno de estos delincuentes creen que se la van a llevar gratis, se equivocan. Tenemos testigos, cámaras de televigilancia, detenidos, drones y, por lo tanto, la labor de inteligencia y policial que estamos haciendo ya está dando sus frutos".
El descontento social también se demostró en las distintas regiones del país, a través de concentraciones y marchas por las principales avenidas, en el marco de la crisis social que mantiene en jaque al gobierno de Sebastián Piñera hace 22 días.
Los chilenos piden al mandatario acabar con la desigualdad y redactar una nueva Constitución, dado que la actual fue creada y aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y es considerada ilegítima por la ciudadanía.
El reclamo apunta además a que la Carta Magna no garantiza los derechos básicos, ni promueve la participación social en los asuntos del Estado, pese a haber sufrido decenas de reformas a la fecha, de acuerdo a los expertos.
"Tenemos que continuar hasta que los políticos escuchen las demandas sociales y se abran al diálogo y a impulsar una asamblea constituyente", dijo a Xinhua Francisca Delgado, joven que salió a protestar este viernes a favor de una nueva Constitución y más justicia social.
El "estallido chileno" parece no amainar con el paso de los días, pese a las medidas presentadas por el Ejecutivo que incluyen subsidios para aumentar el salario mínimo y las pensiones, y estabilizar las tarifas de algunos servicios básicos.
Los habitantes rechazan estas "soluciones parche", dado que no involucran cambios profundos al modelo económico del país y no contribuyen a disminuir la desigualdad, según dicen.
También condenan el "abuso de la fuerza policial" y las medidas de Piñera en la búsqueda de restablecer el orden y la seguridad pública, que implican mayores sanciones penales para quienes protagonicen saqueos y barricadas, entre otras de similar corte.
Las críticas han venido igualmente de la oposición, que este viernes desestimó y consideró "innecesaria" la reunión convocada el jueves anterior por Piñera con el Consejo Nacional de Seguridad, integrado por los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Esto, para dar cuenta de la situación de crisis que enfrentan y promover el fortalecimiento de la labor policial y las estrategias de inteligencia.
El movimiento continúa y la ciudadanía se ha comprometido "a no bajar los brazos", pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno para retomar el normal funcionamiento de la nación.
En este escenario, el transporte público ha debido adaptar su servicio de acuerdo al calendario de protestas y evitando los puntos de mayores disturbios.
El Metro de Santiago funciona de manera parcial, deteniéndose solo en algunas estaciones, aludiendo a la seguridad de los pasajeros y de su infraestructura, que sufrió severos daños en incendios provocados a mediados de octubre.
Esta crisis social deja al momento 23 muertos, cinco de ellos en manos de agentes del Estado y dos bajo su custodia, además de miles de heridos y detenidos. También se han registrado incendios y saqueos a locales comerciales, que por primera vez han penetrado los barrios acomodados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que trabaja con las Naciones Unidas, reportó que 1.915 personas han llegado heridas a los hospitales desde el 17 de octubre. Registró a su vez que 5.565 personas se encuentran detenidas. En esta línea, la entidad ha presentado 262 acciones judiciales por homicidio, torturas, violencia sexual y lesiones, entre otros.
El aumento de las consultas psiquiátricas por angustia, estrés y ansiedad es otro tema que se suma a los efectos que ha tenido la crisis en la ciudadanía, lo que mantiene preocupados a los especialistas de la salud, quienes han entregado recomendaciones para sobrellevar esta situación y los sentimientos que van aparejados.
Por otra parte, el gobierno y los gremios empresariales están atentos al desempeño de la economía, frente a los problemas que ha sufrido el comercio, especialmente las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a lo dicho por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
