Por Valentina Bastías Atias
SANTIAGO, 22 oct (Xinhua) -- Las protestas que se registran de norte a sur en Chile reflejan un malestar social que se acumula desde hace más de una década, y estalló con la última alza de tarifas del transporte público, según la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Emanuelle Barozet.
"Ha habido una toma de conciencia de los problemas que impiden tener una vida digna en Chile, algo que venía hace tiempo poniéndose sobre el tapete", dijo Barozet en una entrevista con Xinhua.
El alza de los precios del pasaje del transporte público, anunciada a mediados de octubre, fue la "gota que rebalsó el vaso", de acuerdo con la experta en conflictos sociales.
Sin embargo, este fenómeno se remonta a varios años atrás con la subida constante de los precios de los elementos básicos, la educación, los costos de los remedios y el reclamo por las pensiones de los chilenos, aseguró.
"Hoy estamos en un ciclo de acción colectiva" que tomó forma en 2006, con el primer alzamiento masivo de los escolares de todo el país, quienes exigieron el derecho a educarse, en respuesta a la privatización del sistema educacional heredado de la dictadura.
Una "segunda arremetida" vino en 2011, cuando los estudiantes universitarios se sumaron a estas demandas y pidieron acabar con el lucro en las universidades y colegios, lo que dio pie a una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia, en 1990.
"De ahí en adelante se han convocado varios movimientos sociales en torno a la reforma del sistema de pensiones, entre una serie de otros problemas, como la militarización de la cuestión indígena", explicó la académica del departamento de Sociología.
Desde hace cuatro días se vive en el país sudamericano una crisis social manifestada en "cacerolazos" y protestas callejeras a lo largo de toda la nación, que ha derivado en un estado de excepción constitucional y un posterior toque de queda decretado desde el sábado para Santiago, que se ha extendido a diversas regiones y ciudades.
A esto se suma la decisión del presidente Sebastián Piñera de traspasar a las Fuerzas Armadas las funciones de orden y seguridad pública del país, con lo que 9.500 militares han salido a las calles a repeler las manifestaciones, saqueos e incendios, por primera vez desde el retorno a la democracia, tras 17 años de dictadura.
La investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) de la Universidad de Chile afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas agrava los hechos, dado el desfalco protagonizado por el Ejército que salió a la luz en 2015, que se transformó en uno de los más grandes de la historia de Chile.
"Las fuerzas de seguridad y de orden están hoy desacreditadas frente a la población, por el tema de cuánto dinero ellos han malversado, y luego nos piden que no evadamos", añadió.
Las manifestaciones en Chile comenzaron el lunes 14 de octubre con un llamado de los escolares a evadir de forma masiva el pago del pasaje del Metro de Santiago, lo que se extendió durante toda la semana y estalló desde el viernes en una ola de protestas y "caceroleos" en las calles de la capital, protagonizadas principalmente por jóvenes de todos los estratos.
"Las nuevas generaciones de jóvenes no han crecido bajo la dictadura, hay una renovación generacional, que se suma al descrédito de los militares, quienes no están en la posición moral ideal para reprimir esta expresión de la población", aseveró la investigadora, quien estudia junto a un equipo de más de 40 profesionales las causas profundas del descontento social.
Sostuvo que el gobierno no ha sabido leer esta situación. "Hay una tensión muy clara en el gabinete en este momento, y el presidente ha hecho estos días una serie de declaraciones en las que no ha dicho mucho".
Este 22 de octubre es el cuarto día de protestas en todo el país, que han desencadenado además saqueos e incendios a locales comerciales y algunos edificios corporativos, totalizando 15 muertos a la fecha.
"La situación sigue compleja", confirma Bazoret, ante una escalada de violencia que mantiene en vilo a la población y la incertidumbre frente a una posible escasez de elementos básicos.
Frente a este panorama, existen dudas sobre cómo proseguirá esta crisis que ha puesto en jaque a los poderes del Estado, a quienes la ciudadanía pide respuestas y un gran acuerdo nacional que priorice las demandas puestas sobre la mesa, concluyó.
