MÉXICO, 28 jul (Xinhua) -- La "mancha más grande" de corrupción pública y política en América Latina es la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, consideró en entrevista con Xinhua el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, Francisco Javier Acuña.
El comisionado, y durante una visita a la oficina de esta agencia informativa, lamentó que en el caso mexicano aún sigue pendiente la reparación de hecho.
Eso "ha empañado la credibilidad del oficio público", consideró.
"En México no ha pasado nada y es la verdad lamentable porque Odebrech es indiscutiblemente la mancha más grande de corrupción pública y política que se pueda conocer en América Latina en nuestro días, y que por supuesto, alcanzó a mexicanos importantes en la esfera pública", apuntó.
Aclaró que si bien, el INAI, un organismo autónomo, ha presentado alrededor de 17 resoluciones en torno al caso, para buscar una mayor transparencia sobre el caso Odebrecht, le corresponde al Poder Judicial dar a conocer la información sobre el caso, como lo ordenó desde octubre del año pasado.
Odebretch es una causa que merece prosecución, agregó.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos que sobornaron a funcionarios de al menos 12 países.
En el caso de México, el exdirector de la paraestatal Pemex, Emilio Lozoya (2012-2016), ha sido acusado de recibir unos 10 millones de dólares, aunque sus abogados han negado en varias entrevistas recientes con la prensa mexicana que su cliente recibiera dinero de sobornos.
Para Acuña, América Latina continúa fallando en materia de corrupción por lo que es necesario que los países fortalezcan sus sistemas de combate a ese flagelo.
A los ojos del responsable del INAI, México avanza en el tema de la transparencia y rendición de cuentas sobre el actuar de los funcionarios del gobierno.
En su opinión, tanto el Instituto que preside, al igual que los organismos garantes de las entidades federativas son resultado de la exigencia social.
En ese sentido, y a manera de ejemplo aseguró que los mexicanos están cada vez más interesados en el tema, a tal grado de que las solicitudes de información a las instituciones públicas del orden federal se incrementaron en casi un 30 por ciento durante el primer semestre de 2019.
Para Acuña, también es necesario seguir avanzando en el tema del combate a la corrupción con la aplicación y mejoramiento de la ley existente en México, ajustándolo, añadió, al nuevo contexto y necesidades que requiere México, incluyendo el nombramiento de un fiscal anticorrupción.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha pedido en varias ocasiones al Congreso mexicano que nombre "lo más pronto posible" al fiscal anticorrupción y designe a funcionarios destinados para combatir la corrupción en el país latinoamericano.
Para Acuña, también, se requieren los magistrados del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, lo que completará el Sistema Nacional Anticorrupción.
"No puede desencadenarse la cruzada anticorrupción porque no está completo", apuntó.
De igual manera respaldó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su intención de acabar con la corrupción y el programa de austeridad que implementará durante su administración de seis años, iniciado el 1 de diciembre del año pasado.
No obstante, insistió en la importancia de seguir manteniendo el fortalecimiento de organismos como el que preside, ya que dijo, abona al orden, genera certidumbre, objetividad, legalidad y un contrapeso responsable y legítimo que fortalece la democracia, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos que son "referencia de Iberoamérica".
Aseguró que el INAI ha trabajo, desde su creación a la fecha, en casos de corrupción en gobiernos pasados.
En ese sentido, dijo que ha emitido la resolución de casos como el del asesinato de estudiantes de Ayotzinapa frente al presidente de la República de ese entonces, así como el informe del tiroteo en 2014 en la localidad de Tlatlaya, pasando por el caso "La Casa Blanca", que presume un conflicto de interés del ex presidente Enrique Peña Nieto al adquirir un inmueble de uno de los más importantes contratistas durante su gestión previa como gobernador del central estado de México, entre otros.
