BRASILIA, 25 jun (Xinhua) -- El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Gilmar Mendes, propuso hoy la libertad inmediata del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Al hablar antes del inicio del juicio de la solicitud de "habeas corpus" presentada por los abogados de Lula da Silva, el juez Mendes dio la razón a la defensa, que reclama sobre la prolongación de la prisión decretada después de la segunda instancia, sin haber agotado todos los recursos de apelación.
"Como tenemos todo el orden de trabajo organizado, lo que propongo es, de hecho, conceder una medida para que el interno espere en libertad nuestra completa deliberación. Decidiría en este sentido, si el colegiado lo entendiera", agregó.
Según Mendes, la medida tendría validez hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre otros recursos presentados por la defensa.
La declaración del juez del STF ocurre en el contexto de severos cuestionamientos al proceso, que resultó en la condena del ex mandatario a 12 años y un mes de prisión por corrupción activa y lavado de dinero.
Grabaciones de diálogos entre el ex juez federal, Sergio Moro, y los fiscales de la operación "Lava Jato" (Lavadero) en la época del juicio en primera instancia abrieron dudas sobre la neutralidad del magistrado.
El argumento central de la defensa es la sospecha de parcialidad de Moro, por el hecho de que aceptó en noviembre pasado la invitación al cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que asumió en enero pasado.
La solicitud de "habeas corpus" fue presentada en 2018 y no trae en sus argumentos el intercambio de mensajes entre Moro y los fiscales.
El caso comenzó a ser juzgado por la Segunda Sala del STF en diciembre de 2018, cuando el relator Edson Fachin y la jueza Cármen Lúcia votaron en contra de la solicitud para liberar a Lula da Silva.
El juicio fue suspendido por un pedido de vistas de Gilmar Mendes, quien ahora devolvió el proceso al STF.
Los abogados de Lula quieren que se reconozca la sospecha de falta de imparcialidad de Moro para juzgar casos contra el ex presidente, y que se consideren nulos todos los actos procesales que dieron lugar a la condena.
En julio de 2017, Lula fue condenado por Moro a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita.
En enero de 2018, un tribunal de apelación aumentó la pena para 12 años y un mes en la acción penal en que se acusó a Lula de haber recibido un departamento a cambio de beneficios a una constructora en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
