BRASILIA, 27 mar (Xinhua) -- El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, advirtió hoy en audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado que la "bola" de la reforma de pensiones "está con el Congreso", y que si no es aprobada "condenaremos a nuestros hijos y nietos".
La declaración de Guedes está en línea con lo dicho el pasado fin de semana por el presidente Jair Bolsonaro, quien afirmó que la responsabilidad por la reforma ha pasado a ser del Congreso tras la entrega de la propuesta del gobierno.
Guedes desistió el martes de participar en una audiencia en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, debido a una posible mayoría de parlamentarios opositores en la sesión.
En la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, el ministro dijo que es necesario aprobar la reforma de pensiones y luego implementar un sistema de capitalización, en el cual los trabajadores contribuyan a su propia jubilación.
"Si la hacemos (la reforma), no hay problemas. Si no la hacemos, vamos a condenar a nuestros hijos y nietos, por nuestro egoísmo, nuestra incapacidad para hacer un sacrificio. La bola está con el Congreso", declaró.
Afirmó que existe una "bomba demográfica" que desequilibra el sistema de pensiones, incluso cuando aún puede considerarse que la población brasileña es joven.
El sistema previsional, que a su juicio es la primera y mayor fuente de desequilibrio (de las cuentas públicas), "está quebrando antes de que la población envejezca".
Guedes dijo que la oposición debería apoyar la reforma de pensiones para asegurar la gobernabilidad en los próximos años.
La reforma de pensiones representa una enmienda constitucional que debe ser votada por una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que obliga al gobierno a realizar una amplia negociación con las numerosas bancadas partidarias.
La reforma prevé aumento de la edad mínima para jubilación en 65 años para los hombres y 62 para las mujeres.
También endurece las reglas de jubilación y reduce los gastos del gobierno en el pago de beneficios, con el objetivo de llegar a un ahorro para las arcas públicas de aproximadamente 1,16 billones de reales (más de 300.000 millones de dólares) en 10 años.
