BUENOS AIRES, 18 mar (Xinhua) -- El juez federal de Argentina Claudio Bonadio inició hoy el proceso formal contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la causa que investiga la importación con presuntos sobreprecios de gas natural licuado (GNL).
La decisión del magistrado incluyó además al ex ministro de Planificación Federal (2003-2015) Julio De Vido y al ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta, ambos actualmente detenidos por otras causas, según el fallo de este lunes que difundió la agencia estatal de noticias, Télam.
En su decisión, Bonadio amplió el embargo que ya pesaba sobre la actual senadora nacional en la causa por el presunto cobro de sobornos a empresarios de obras públicas a mil millones de pesos (25 millones de dólares), porque se trata de investigaciones vinculadas.
El juez procesó a la ex presidenta por "cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora", y pidió la prisión preventiva de Fernández, quien se encuentra en Cuba para acompañar a su hija Florencia, quien está ingresada en un centro de salud del país caribeño.
"La medida (de prisión preventiva) se hará efectiva cuando se apruebe su desafuero o bien cuando cesen sus fueros", sostuvo el juez en su resolución.
Según el magistrado, entre los años 2008 a 2015 "los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio".
La participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas que participaron de la operatoria también se realizó "sin licitación" y esas empresas "facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado", sostuvo Bonadio.
La ex presidenta ya está procesada con pedido de prisión preventiva por el juez federal en otras causas, entre ellas por el presunto cobro de sobornos a empresarios de la obra pública y por la tenencia de dos documentos históricos en su domicilio particular, aunque la medida de prisión no se puede hacer efectiva hasta que el Senado disponga quitar los fueros parlamentarios a Fernández.
