Por Edgardo Loguercio
BRASILIA, 21 dic (Xinhua) -- Las relaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con el Congreso de Brasil, esenciales para que se aprueben las reformas en busca de la recuperación económica, permanecen como la principal interrogante de la gestión que iniciará el 1 de enero próximo.
Durante su campaña electoral, Bolsonaro prometió un cambio profundo en los procesos de negociación tradicionales en la política brasileña, considerados una fuente de corrupción y prácticas espurias.
A pesar de que el Partido Social Liberal (PSL) del futuro presidente brasileño se convirtió en la segunda fuerza con mayor presencia en la Cámara de Diputados, con 52 escaños, el futuro gobierno aún no tiene garantizada una base sólida de apoyo parlamentario.
Tras su victoria electoral, en octubre último, Bolsonaro priorizó el diálogo con las bancadas temáticas, conocidas localmente como las "Tres B" (Buey, Biblia y Bala), en referencia a los ruralistas, evangélicos y sectores vinculados al área de seguridad, en sustitución de la tradicional negociación con las grandes bancadas partidarias.
Esa política se confirmó en la conformación del gabinete ministerial, en el cual sólo ingresaron cuatro partidos de los 30 que eligieron diputados en la última elección.
El partido Demócratas (DEM) del futuro jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, ocupará también los ministerios de Salud y Agricultura, el PSL se hará cargo de los ministerios de Turismo y Ciencia y Tecnología, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) ocupará el Ministerio de Ciudadanía y el Partido Nuevo tomará el Ministerio de Medio Ambiente.
No obstante, el proceso de renovación parlamentaria privó al gobierno de parlamentarios experimentados para la coordinación de votaciones relevantes, lo que podría dificultar la aprobación de las reformas.
Para el analista político y profesor de la Universidad de Brasilia (UnB), David Fleischer, la estrategia mostrada hasta ahora "probablemente no sea suficiente" para construir una base de apoyo y podría exigir otras medidas del futuro gobierno.
"Quien distribuye los beneficios son los líderes de cada partido, quienes determinan en qué comisión parlamentaria será colocado cada diputado, por ejemplo, o si va a recibir alguna parcela del fondo partidario o no. Entonces los líderes partidarios tienen más poder que los de esas bancadas temáticas", dijo Fleischer a Xinhua.
"Creo que él (Bolsonaro) usará la misma técnica de utilizar las redes sociales para presionar a los diputados, como las usó en su campaña electoral para informar a los Estados de origen si los diputados se están comportando bien o no con el gobierno. Esa es una posibilidad y sería una novedad en las relaciones con el Congreso", señaló.
A pesar de que en su campaña electoral Bolsonaro prometió poner fin a la política de "toma y daca" en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en las últimas semanas el diálogo con algunos partidos indicó que también podría haber lugar para los acuerdos tradicionales.
Bolsonaro llegará a la presidencia de Brasil después de ejercer el cargo de diputado, lo que le permitió conocer el funcionamiento de los mecanismos en el Congreso.
"Bolsonaro tiene 23.000 cargos federales para distribuir entre los diputados, cargos muy codiciados. Esa fue la moneda de cambio tradicional entre el presidente y el Congreso. Y hay señales de que eso va a continuar", evaluó el profesor de la UnB.
Por su parte, el politólogo y director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), Antonio Augusto de Queiroz, resaltó que Bolsonaro enfrenta una situación semejante a otros mandatarios que en el pasado no consiguieron una base de apoyo suficiente para gobernar.
De acuerdo con Augusto de Queiroz, frente a esta situación la base se debe construir mediante una coalición, es decir, por medio del empleo de los tres instrumentos tradicionales del presidencialismo brasileño: cargos, presupuesto y negociación del contenido de la política pública.
El desafío se amplía frente al contenido de la agenda económica neoliberal de Bolsonaro que enfrenta fuertes resistencias en muchos sectores, mientras la población espera resultados rápidos.
"La población espera medidas efectivas para combatir la violencia y la criminalidad, pero también mejorar el empleo y la renta, ampliar y mejorar la calidad de los servicios públicos, además de combatir la corrupción", apuntó Augusto de Queiroz.
El nuevo gobierno de Brasil deberá negociar reformas ambiciosas con el Congreso en un marco de fuerte ajuste fiscal, con corte drástico de gastos públicos, pero con demandas que potencialmente implicarían un aumento de gastos.
"Cuando el futuro presidente asuma el gobierno percibirá la complejidad del proceso decisorio, y se podría frustrar con la ausencia de efectividad de sus acciones, especialmente si descuida la relación con los partidos en el Congreso", advirtió.
"De la forma en que reaccionará a eso depende el futuro de la democracia en Brasil", concluyó el especialista. Fin
