MANAGUA, 21 dic (Xinhua) -- El panorama de la economía en Nicaragua, poco "alentador" según cifras del ministro de Hacienda, Iván Acosta, puede complicarse aún más en 2019 debido a la ley "Nica Act" firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Después de casi dos años de debate en el Congreso estadounidense, Trump firmó el jueves el proyecto de ley "Nicaraguan Investment Conditionality Act", conocida como "Nica Act", una legislación bipartidista (republicana y demócrata) que puede traer efectos negativos para la economía local en 2019.
Esa ley tiene el objetivo principal de "bloquear" los préstamos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el veto del gobierno de Estados Unidos.
Con ese veto estadounidense en los préstamos del BM y el BID, Nicaragua puede dejar de percibir unos 600 millones de dólares en desembolsos dirigidos a proyectos de desarrollo social e infraestructura en 2019, según datos oficiales.
Nicaragua obtiene el 80 por ciento de los desembolsos para cubrir la inversión pública de la cooperación internacional.
Además se "imponen" sanciones individuales para funcionarios del gobierno sandinista señalados de supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas iniciadas el pasado 18 de abril contra las reformas al seguro social, movilizaciones que continuaron pese a que las reformas fueron derogadas.
Semanas antes de la firma de la ley "Nica Act", el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró en mitines partidarios que con o sin esa normativa estadounidense, la economía nicaragüense seguirá adelante.
Para Ortega, también secretario general del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la respuesta a la aprobación y vigencia de la "Nica Act" es la "economía de susbsistencia", una especie de economía del "gallo pinto", en alusión al plato tradicional de las familias pobres de Nicaragua, una mezcla de arroz y frijoles.
Ortega rememoró así la época de los años 80, cuando gobernaron los nueve comandantes de la Revolución en la Dirección Nacional, donde la economía nicaragüense se vio afectada por la guerra de los "contras" (contrarrevolucionarios) financiada por Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno sandinista.
En esa época prevaleció la economía del "gallo pinto", cuando el gobierno del FSLN entregaba a los trabajadores una cuota semanal del paquete "AFA" (arroz, frijoles y azúcar), consistente en cinco libras de cada uno de esos alimentos, más un litro de aceite y una libra de cereal para subsistir.
Días antes de la entrada en vigencia de la ley "Nica Act", el ministro nicaragüense de Hacienda calculó en 1.181 millones de dólares los daños económicos causados por la crisis sociopolítica iniciada el pasado 18 de abril.
Esos datos brindados por Acosta son solamente la cuantificación de los daños a la economía nicaragüense en los sectores de transporte y turismo, incluidos los bienes públicos y el recorte al Presupuesto General de la República de 2018.
Agregó que los daños a la economía nacional son producto del vandalismo, la destrucción, los tranques, las barricadas, y del fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno sandinista.
El sector más afectado fue el de transporte, con 525 millones, seguido por turismo con 231 millones, aunque hasta noviembre y diciembre no se registra la actualización de los datos de la situación de la economía a causa de las protestas.
Según Acosta, el turismo generaba 400 millones de dólares anuales antes de la fallida intentona golpista, equivalente a casi 10 por ciento de las exportaciones totales del país en 2017.
Recordó que, antes del inicio de las protestas, Nicaragua era el tercer país de más crecimiento económico del Continente Americano, sólo superado por República Dominicana y Panamá.
"La economía de Nicaragua, antes de la intentona golpista, crecía en los últimos cinco años el 5,2 por ciento, con una inflación cerca del 5 por ciento, y con un importante crecimiento de trabajadores inscritos formalmente en el Seguro Social", subrayó Acosta.
Agregó que la previsión de crecimiento de la economía nicaragüense era de un 4,5 o un 5 por ciento para 2018, pero, según el BM, el Producto Interno Bruto (PIB) caerá este año un 3,8 por ciento debido a la crisis sociopolítica.
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), antiguo aliado del gobierno sandinista, y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social (Funides), calcularon pérdidas por al menos 290 millones de dólares y 173 millones de dólares para los sectores comercio y construcción, respectivamente.
De acuerdo con el estudio presentado por estos dos organismo privados, el país perdió al menos 750 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) este año como consecuencia de la crisis sociopolítica.
"Revertir esta situación depende de la recuperación de la confianza de los inversionistas y esto solo será posible si se alcanza un acuerdo político que ponga fin a la crisis sociopolítica del país", enfatizaron el Cosep y Funides.
Desde junio pasado está suspendido un diálogo nacional entre el gobierno sandinista y los sectores opositores.
Ortega ha señalado que está dispuesto a mantener un diálogo con las familias y las comunidades nicaragüenses, sin embargo se niega a reanudarlo con los "golpistas".
En tanto, el presidente del Cosep, José Aguerri, al presentar el monitoreo sobre las pérdidas económicas en una asamblea de las cámaras empresariales, dijo que para evitar que se siga perdiendo la IED en 2019 es "indispensable" poner fin a la crisis sociopolítica mediante el diálogo nacional.
El análisis empresarial también calculó que unos 453.000 trabajadores serán despedidos o suspendidos al cierre del año, debido a la crisis sociopolítica que prevalece en el país.
"Los efectos de la crisis sociopolítica provocará que al menos 36.000 personas sean despedidas o suspendidas de sus empleos durante el último trimestre del año", remarcaron los organismos privados en su "III Monitoreo de Actividades Económicas de Nicaragua".
Ese análisis, según el Cosep y el Funides, se realiza con información sobre las proyecciones de cierre de año recolectada a través de encuestas a los gremios de más de 40 actividades económicas, y empresas, y se complementa con la información oficial.
Para enfrentar las afectaciones de la crisis sociopolítica, Ortega envió con "carácter de urgencia" una reforma presupuestaria a la Asamblea Nacional (Congreso) que incluyó un recorte de 186,3 millones de dólares al presupuesto de gastos para 2018, equivalente a 1,3 por ciento del PIB.
La reforma presupuestaria afectó principalmente los programas de inversión pública, las carteras de salud y de educación, y las transferencias a los municipios, según el proyecto aprobado por los diputados sandinistas y los legisladores aliados del FSLN.
El recorte presupuestario obedeció a una menor recaudación de ingresos tributarios de hasta un 9,2 por ciento, y a una reducción de las donaciones y de los desembolsos de préstamos externos.
Aunque aún no se tiene una reacción oficial a la rúbrica de la ley "Nica Act", se presagia un escenario económico difícil para 2019, con la vigencia de esa legislación bipartidista que puede "paralizar" los desembolsos internacionales para la inversión pública.
Además, en la ley se involucra al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el desarrollo de un "enfoque" de política para futuros compromisos, el cual incluye una posible reducción de la cooperación con Nicaragua si no se "avanza" con los derechos humanos en el país. Fin
