MADRID, 20 dic (Xinhua) -- El Tribunal Supremo de España fijó hoy en más de 1.500 millones de euros (cerca de 1.718 millones de dólares) las indemnizaciones para los afectados por el hundimiento del buque petrolero Prestige ocurrido en 2002 frente a las costas de Galicia (noroeste).
Las indemnizaciones "deben repartirse entre el Estado español (como principal perjudicado), el francés, la Junta de Galicia (gobierno regional) y otros 269 afectados por el vertido, que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades", señaló el alto tribunal en un comunicado.
El petrolero monocasco Prestige, operado bajo bandera de Bahamas, se hundió el 19 de noviembre de 2002 a unos 250 kilómetros de las costas gallegas, aunque esa lejanía no evitó que el vertido de 77.000 toneladas de crudo, a causa del naufragio, dañara 2.000 kilómetros de costa de la cornisa norte de España y parte de Francia y Portugal.
La Justicia española calculó los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Estado francés y, parcialmente, el del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), contra el auto de responsabilidad civil dictado por un juzgado local en 2017, en ejecución de la sentencia penal definitiva dictada por el Supremo en 2016.
Las indemnizaciones deben ser cubiertas por el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras, y la aseguradora "The London Steamship Owners Mutual Insuranse Association", como responsables directos del pago, por la propietaria del barco, Mare Shipping, como responsable subsidiaria, y por el Fidac.
La nueva sentencia, coordinada por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, da la razón a Francia y España en una de sus antiguas aspiraciones y los condenados también deberán pagar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) abonado en las tareas de reparación del daño sufrido, que en el caso español es de 43,6 millones de euros (unos 50 millones de dólares).
El entonces ministro del Interior y posterior presidente del Gobierno de España (hasta el pasado 2 de junio), Mariano Rajoy, descartó en un principio que el incidente fuera a suponer más que la llegada de "unos hilillos" de crudo a la costa, pero finalmente resultó una catástrofe que provocó la mayor "marea negra" (por el color del petróleo) de la historia del país.
Cuando el Prestige confirmó su hundimiento, el gobierno regional y el central decidieron alejar el buque de la costa, una decisión muy criticada entonces por la comunidad científica, que argumentaba que de esa forma no se podría controlar el vertido del barco.
En el primer año desde la catástrofe se recogieron en la costa unas 90.566 toneladas de arena y petróleo, de acuerdo con el diario local "El País".
Medios locales de comunicación calcularon en más de 9.000 millones de euros (unos 10.300 millones de dólares) el costo para limpiar el desastre medioambiental.
La Justicia española condenó en 2016 al capitán del Prestige con dos años de cárcel y no con delito ecológico, pese a que se probó que Mangouras permitió que el barco navegara en pésimo estado.
