QUITO, 31 mar (Xinhua) -- El gobierno de Ecuador defendió hoy su decisión de restringir las comunicaciones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Quito en Londres, por incumplir un acuerdo de no opinar sobre asuntos de otros países.
"El gobierno de Ecuador actúa en el más estricto apego a la Constitución, las leyes y el derecho internacional", señaló la cancillería en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó además que "mantiene en todo momento su actuación en defensa de los derechos humanos y del interés nacional".
El pronunciamiento surge a raíz de las "afirmaciones falsas que se están difundiendo de manera irresponsable por las redes sociales", las cuales el gobierno "considera inaceptables", agregó la cancillería.
"El gobierno del Ecuador confirma categóricamente que el señor Assange, en atención a la protección internacional mantenida por Ecuador, se comprometió, libre y voluntariamente, a no interferir en los asuntos internos de los Estados", recordó la cancillería.
Assange se comprometió además a "respetar las leyes del Estado que le protege e incluso señaló que defenderá los intereses de Ecuador como lo haría el mejor de sus ciudadanos", explicó.
El pasado martes, el gobierno ecuatoriano suspendió los sistemas que permiten a Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece desde 2012.
La medida fue adoptada ante el incumplimiento por parte de Assange del compromiso escrito que asumió con el gobierno a finales de 2017, por el cual se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados, indicó el gobierno el pasado miércoles.
La decisión se produjo luego de que Assange emitió nuevos pronunciamientos el pasado 25 de marzo en su cuenta de Twitter, sobre la detención en Alemania del líder independentista catalán Carles Puigdemont.
En 2017, Assange se pronunció sobre la crisis catalana, lo que llevó al gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a aclarar que las opiniones del fundador de WikiLeaks no representan la posición del Estado ecuatoriano.
La cancillería subrayó que más allá del compromiso asumido por Assange, todas las personas, independientemente de su condición, con inclusión de las personas bajo protección internacional, están obligadas a respetar las normas del derecho internacional.
Mencionó entre éstas "el deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero, previsto en el artículo 38 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre".
Destacó que las convenciones sobre Asilo Diplomático de 1954, sobre Asilo de 1928 y el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939 contienen disposiciones que determinan que, mientras dure el asilo, los asilados no podrán practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas.
Tampoco podrán intervenir en la política interna del Estado territorial.
Esas normas señalan además que, en esas circunstancias, no se permitirá a los asilados practicar tales actos.
La cancillería recordó que la solución a este caso solo será posible "si el mismo es tratado con la seriedad y responsabilidad necesarias, a la vez que por medio del estricto respeto al derecho internacional y la cooperación debida de todas las partes involucradas".
El ex programador informático y periodista australiano se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia y ser interrogado por supuestos delitos sexuales cometidos en 2010, los cuales él niega.
En mayo pasado, la Fiscalía sueca archivó una causa pendiente, lo que debería permitirle abandonar la embajada ecuatoriana, sin embargo, Reino Unido rechaza el asilo concedido por Ecuador y se niega a otorgarle un salvoconducto para que pueda viajar a Quito.
Assange considera que el proceso en Suecia formaba parte de una maniobra para enviarlo a Estados Unidos, donde puede ser juzgado por espionaje al publicar en el sitio WikiLeaks miles de documentos filtrados de información confidencial de ese país.
En diciembre pasado, el gobierno de Moreno le otorgó la nacionalidad ecuatoriana y solicitó a Reino Unido que se le concediera el estatus diplomático, solicitud que fue negada.
