RIO DE JANEIRO, 19 oct (Xinhua) -- La justicia brasileña liberó de la prisión este jueves al ex presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman, pero en otra acción lo convirtió en reo en el proceso que investiga la compra de votos para la elección de Río de Janeiro como sede del evento.
Los cuatro magistrados que integran la sexta sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), aceptaron por unanimidad una petición de hábeas corpus en que la defensa de Nuzman pidió que la orden de detención preventiva que había sido impuesta al dirigente deportivo de 75 años fuese sustituida por medidas cautelares.
Nuzman cumple prisión preventiva desde hace 15 días y todavía tiene que esperar hasta que la orden judicial llegue a Río de Janeiro para poder volver a su casa pero tendrá que cumplir medidas cautelares, como entregar el pasaporte, no viajar para fuera del país, no tener reuniones o mantener contactos con otros acusados en el proceso.
Asimismo, Nuzman está prohibido de visitar la sede del COB y del Comité Oorganizador de Río 2016, de los cuales se apartó en definitivo en un comunicado divulgado por su abogado y que firmó en la prisión.
El ex presidente del COB fue arrestado el 5 de octubre pasado por orden del juez que investiga una supuesta trama para el pago de sobornos a dirigentes del Comité Olímpico Internacional (COI) con el objetivo de que votasen en Río de Janeiro en la elección realizada en Copenhague, en 2009,cuando se decidió la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
La orden de liberación salió en el mismo día que el juez federal Marcelo Bretas, aceptó la denuncia por corrupción presentada en la víspera por la Fiscalía contra Nuzman, su brazo derecho Leonardo Gryner, el entonces gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, el empresario brasileño que está prófugo, Arthur Soares, así como los senegaleses Lamine Diack, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y su hijo, Papa Diack.
El ex presidente del COB es acusado además de los delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero y evasión de divisas, mientras que Gryner, ex director general de operaciones del Comité Organizador de Río 2016, fue acusado por asociación para delinquir.
De acuerdo con la denuncia, Cabral, Nuzman y Gryner le solicitaron directamente a Soares, un empresario de Río de Janeiro, que aportara 2 millones de dólares para comprar el voto de Lamine Diack, presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) entre 1999 y 2015 que, junto con su hijo, habría prometido también interceder para obtener los votos de otros miembros africanos del COI.
Según argumentó la Fiscalía, pese a ser dirigentes de una entidad deportiva privada, Nuzman y Gryner fueron equiparados con funcionarios públicos debido a que el Comité recibió y administró recursos públicos en sus actividades para candidatearse y organizar los Juegos Olímpicos.
"Donde hay recursos públicos, hay exigencias de transparencia y existe responsabilidad de los que los administran, por lo que pueden ser responsabilizados penalmente cuando actúen contrariando lo que manda la ley", afirma la denuncia.
Además de la condena de los acusados, la Fiscalía pidió que la Justicia demande el pago de una indemnización de 6,34 millones de reales (unos 2 millones de dólares) por daños materiales y otra de 1.000 millones de reales (unos 333 millones de dólares) por daños morales.
