Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 25 jul (Xinhua) -- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calificó positivamente a través de un informe las consultas ciudadanas realizadas por el Gobierno de Michelle Bachelet para la elaboración de una nueva Constitución chilena.
El informe fue entregado este martes al Gobierno chileno por Rolf Alter, director de Gobernanza Pública de la OCDE, organismo que reúne a 34 países, entre ellos Chile, comprometidos con las economías de mercado y que en su conjunto representan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
En respuesta, la ministra y vocera oficial chilena, Paula Narváez, sostuvo que "es muy importante que seamos todos generosos y reconozcamos cuándo se hacen muy bien las cosas. Esto ha sido una metodología muy innovadora y, en ese sentido, también muy participativa y, por eso, muy democrática".
En su programa de gobierno, Bachelet incluía la promulgación de una nueva Carta Magna para reemplazar a la actual, que fue establecida por el régimen militar de Augusto Pinochet en 1980 sin consulta popular y que ha experimentado importantes cambios hechos por los gobiernos de centroizquierda a partir del retorno a la democracia en 1990.
Consultada sobre el equipo designado por la mandataria para trabajar en el proceso, Narváez afirmó que será dado a conocer en el "momento oportuno" y puntualizó que "se trata de un trabajo que se está llevando adelante con mucho rigor técnico" por un equipo de juristas, por lo que ahora "lo importante es dejarlos trabajar tranquilos para que puedan elaborar ese proyecto de ley".
En abril de este año, Bachelet anunció la realización de "un proceso constituyente para cambiar la Constitución" en el que participarían miles de personas en "cabildos abiertos" en todas las regiones del país.
"Hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la gran mayoría requiere que llevemos a cabo transformaciones profundas en materia educacional, constitucional y tributaria", subrayó en la ocasión.
En mayo de 2014, en la primera cuenta pública de su segundo mandato ante el Congreso, la presidenta dijo que el Gobierno trabajaría "con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva Constitución que ponga en su centro a los derechos de las personas, a la democracia y a la buena política como base del orden común".
Ese nuevo texto, precisó, debe "ser capaz de proyectar a Chile mirando al futuro, para los próximos 50 años de vida democrática".
En agosto, el Gobierno informó de que ese año comenzaría la redacción de la nueva Constitución para "avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa", aunque sin aclarar la fecha ni el mecanismo.
A finales de año, la jefa de Estado confirmó que el proceso sería "participativo, legítimo e institucional", lo que fue rechazado por la oposición de derecha, que siempre ha defendido la Constitución pinochetista.
El senador Hernán Larraín, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el diputado y presidente de Renovacion Nacional, Cristián Monckeberg, ambos de derecha, rechazaron la propuesta argumentando que "con la institucionalidad del país no se juega" y descartaron la posibilidad de diálogo con el Gobierno para llegar a un acuerdo en el debate.
En marzo de 2015, diversas organizaciones realizaron un "multitudinario plebiscito simbólico" en la plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, para promover este último mecanismo.
Poco después, la presidenta confirmó que el proceso se iniciaría en septiembre de 2015 y estaría abierto a la ciudadanía mediante debates, consultas y cabildos ciudadanos.
Dos meses después, el Gobierno definiría el mecanismo para cambiar la Carta Magna y el 21 de mayo Bachelet explicaba que debía contar con "un acuerdo político amplio".
"Necesitamos una nueva Constitución. La demanda ciudadana es clara y mi compromiso es firme", subrayó, y añadió que "Chile, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de construir una Constitución genuinamente republicana y soberana, que sea política y socialmente acordada, que refleje el país que somos hoy, maduro y democrático".
El 13 de octubre de ese año, la mandataria convocó al comité político de ministros en La Moneda para discutir el inicio y los contenidos del proceso constituyente y su cronograma, el cual se iniciaba con la "Educación Cívica Constitucional" en octubre de 2015 y duraría hasta marzo de 2016 en todo el país.
Luego vendrían los "Diálogos Ciudadanos" entre marzo y octubre de 2016, con los que se elaboraría un documento con las "Bases Ciudadanas", las cuales darían forma al proyecto de reforma constitucional que será luego presentado en el Congreso.
De acuerdo a lo programado por el Gobierno, al Congreso se presentarán cuatro alternativas sobre el mecanismo de la nueva Constitución. De ellas, deberá aprobar una, con una "quórum" mínimo de dos tercios de los parlamentarios.
Las opciones son una comisión bicameral con diputados y senadores, una convención constituyente, elegida también en el Congreso, que incluya ciudadanos y legisladores, o una asamblea constituyente. La cuarta alternativa es un plebiscito para que la ciudadanía decida entre las tres opciones anteriores.
El segundo semestre de 2017, la presidenta enviará el proyecto definitivo al Parlamento. Allí, tras la discusión y posterior aprobación de la nueva Carta Magna, prevista para los primeros meses del 2018 por el Congreso, se convocará a un plebiscito ciudadano para que ratifique o rechace la propuesta.
