CARACAS, 4 jul (Xinhua) -- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, insistió este martes que el país enfrenta una "ruptura del hilo constitucional".
Ortega, quien no acudió este martes a una audiencia previa a un posible juicio en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió su defensa desde la sede del Ministerio Público (MP).
La fiscal general desmintió cada uno de los argumentos dados por su denunciante, el diputado oficialista Pedro Carreño, a quien acusó de "usurpar de funciones" dentro de la Asamblea Nacional (Congreso), una vez que el legislador solicitó de manera unilateral el juicio, luego de que ella solicitó la destitución de 33 magistrados del TSJ.
"¿Quién le dio esa facultad al diputado de actuar en representación de la Asamblea Nacional?, está usurpando funciones, no es competencia del diputado de la Asamblea el representar al pueblo en el ejercicio de la acción penal", expresó.
La fiscal denunció irregularidades en la aprobación, por parte del TSJ, de medidas cautelares para un eventual juicio en su contra, al tiempo que mostró supuestas pruebas que legitiman su solicitud de enjuiciar a los magistrados judiciales, a quienes la oposición señala de ser parciales al Ejecutivo que preside Nicolás Maduro.
Ortega es acusada de "faltas graves" en el ejercicio de sus funciones, toda vez que ha desconocido a los funcionarios del Poder Judicial, y es señalada de haber firmado y avalado el proceso de designación de éstos en diciembre de 2015.
A su juicio, este proceso estuvo "viciado" y "enmarañado", y como evidencia refirió que uno de los magistrados suplentes, identificado como Juan Carlos Valdés González, no figura en las listas que se aprobaron durante la designación.
La fiscal ratificó que en Venezuela está presente una "ruptura del hilo constitucional", y sostuvo que el TSJ dio cuenta de ello una vez "corrigió" dos sentencias que preveían restar competencias al Congreso.
"Maquillaron las sentencias, lo que significa que sí había una ruptura del hilo constitucional", manifestó.
También rechazó que se le acuse por oponerse a la convocatoria gubernamental de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya que, en su opinión, es violatoria de la vigente Carta Magna.
"Esa convocatoria viola la Constitución, yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución, y además el presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo y solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente", dijo.
La fiscal calificó de "alarmantes, confusos y absurdos" los argumentos esgrimidos en su contra, dentro de los cuales figura su presunta responsabilidad en la desestabilización política y social (caos) que enfrenta la nación caribeña.
"El caos en este país no lo ha ocasionado la fiscal general, los responsables de que la gente no tenga acceso a los alimentos, que otros estén comiendo de la basura, que otros mueran por falta de medicinas (...) de eso no es responsable la fiscal, sino otros", aseveró.
Ortega consideró que el proceso de antejuicio no debió ser admitido por el TSJ sin previo aval del Ministerio Público como institución.
Posterior a sus declaraciones, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, aseguró que el ente a su cargo presentaba la legitimidad para emprender acciones penales y no necesariamente el MP.
El TSJ resolvió ofrecer una decisión sobre un eventual juicio contra Ortega en los próximos cinco días. Fin
