RIO DE JANEIRO, 23 jun (Xinhua) -- La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, negó hoy que su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, practicara el tráfico de influencias durante su gestión en la compra de cazas suecos y en la aprobación de una medida provisional para beneficiar al sector automovilístico.
Rousseff declaró por videoconferencia como testigo, citada por la defensa de Lula, ante la Justicia Federal en Brasilia, en el caso donde el ex presidente y su hijo, Luis Cláudio Lula da Silva, fueron denunciados por el Ministerio Público (MP) por tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo con la Fiscalía, Lula habría actuado en la gestión de Rousseff para garantizar la compra de los cazas Gripen por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), y también en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automovilística.
La medida trataba de la tributación de ganancias de empresas multinacionales brasileñas en el exterior, en sustitución al llamado Régimen Tributario de Transición.
Según el MP, tanto la armadora Caoa como la constructora Odebrecht actuaron para influir en el texto, debido a que tenían negocios en el exterior.
Durante el proceso de tramitación de la Medida Provisional en el Congreso Nacional, se introdujeron varios "ítems" extraños al texto original.
Rousseff sancionó el texto con vetos a esos puntos. Según ella, eso provocó la reacción de Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados y actualmente preso, quien puso en votación proyectos que dificultaban la realización del ajuste fiscal por el gobierno.
"Yo debía tener la capacidad de transitar en ese medio político", dijo la ex mandataria.
Cuando se le preguntó por qué, aún así, no vetó los beneficios a la industria automovilística, Rousseff dijo haber hecho un análisis técnico con miembros del gobierno y llegaron a la conclusión de que la medida no tendría ningún impacto en la recaudación y podría ayudar en la recuperación económica.
"No veté porque, en la evaluación de todos nosotros, el incentivo era lo menos complicado y podría incluso traer ventajas a Brasil y al gobierno, porque beneficiaría la industria automovilística e impactaría en otros sectores como siderurgia, caucho, petróleo y gas, comercialización de automóviles, entre otros", comentó Rousseff.
Además de Rousseff, fue escuchado Bengt Janér, representante en Brasil de Saab, fabricante de los cazas Gripen.
Janér habló de su relación con otros dos acusados, los lobistas Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, quienes, según la Fiscalía, habrían actuado por medio de una influencia indebida en la compra de los aviones junto al gobierno brasileño.
Para ello, de acuerdo con la denuncia, Marcondes hizo pagos equivalentes a 750.000 dólares al empresario Luis Cláudio Lula da Silva (pagos que están bajo investigación).
Los dos acusados niegan los cargos.
La transacción, que costó 5.400 millones de dólares por 36 aeronaves, fue realizada por el gobierno brasileño durante la gestión de Rousseff, pero el proceso ya había pasado por los gobiernos de Lula (2003-2010) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La previsión es que los 36 cazas Gripen NG sean entregados a la Fuerza Aérea Brasileña entre 2019 y 2024.
