MEXICO, 17 jun (Xinhua) -- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y organismos mexicanos exhortaron hoy al gobierno a intensificar la investigación sobre un operativo policial que derivó en la muerte de ocho personas en el poblado de Nochixtlán, estado meridional mexicano de Oaxaca, en junio de 2016.
Al cumplirse un año el próximo 19 de junio, el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, el ombudsman mexicano, Luis Raúl González, y representantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) recorrieron los sitios de Nochixtlán donde ocurrieron los hechos.
González llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a agotar la investigación para satisfacer el reclamo de justicia de la población de la comunidad, localizada en la región Mixteca en el noroeste de Oaxaca.
"Transmitiremos lo que hoy vimos para exigir que se aceleren las investigaciones, que las investigaciones sean profesionales pero enfáticas", dijo González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la prensa al final del acto.
Por su parte, Jarab explicó que es importante que la justicia castigue a los culpables, pero igualmente es relevante que "se aprendan las lecciones de qué falló en este caso para que no se repita".
En un comunicado conjunto emitido posteriormente, la ONU-DH, la CNDH y la DDHPO exhortaron a la autoridad a "cimentar y concretar" su actuación porque existe una ausencia de resultados en la investigación.
La pesquisa tendría que identificar las fallas que ocasionaron los hechos de violencia, la órdenes que se emitieron y las personas presuntamente responsables, especificaron.
"Como medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas del orden público, tanto estatales como federales", abundaron en la comunicación.
Los hechos se registraron la mañana del 19 de junio de 2016, cuando policías estatales y federales intentaron liberar una autopista que llevaba siete días bloqueada por simpatizantes de maestros disidentes, que entonces protestaban en varios estados contra la reforma educativa de 2013.
El operativo derivó en varios choques entre oficiales y manifestantes durante los cuales se realizaron disparos de arma de fuego y se hicieron estallar artefactos explosivos caseros, de acuerdo con el gobierno mexicano.
Ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas, entre éstas policías y simpatizantes de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los tres organismos también exhortaron a los gobiernos federal y estatal a retomar esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta que se logre su pleno acceso a salud, reparación de daño y justicia.
Entre los pobladores prevalece una desconfianza en los investigadores que incluso ha dificultado al personal de la PGR acceder al sitio de los hechos, expusieron. Fin
