CARACAS, 15 jun (Xinhua) -- El Poder Ciudadano de Venezuela, uno de los cinco de este país suramericano, afronta una ardua controversia interna, debido a que una de las instituciones que lo componen difiere con la designación de 33 magistrados del Poder Judicial.
El Consejo Moral Republicano del Poder Ciudadano está integrado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (MP), este último negado sorpresivamente a aceptar la legalidad de la designación de los magistrados en diciembre de 2015.
La representante del MP, Luisa Ortega, pidió el pasado 12 de junio anular el nombramiento de los 13 magistrados principales y los 20 suplentes, ya que, argumentó, este proceso se desarrolló de forma "irregular" cuando la Asamblea Nacional (AN, Congreso) era todavía de mayoría chavista.
"Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho", dijo Ortega, quien ha sido señalada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser una "traidora" y de usar sus facultades para "avivar la violencia" en este país suramericano.
Pese a que la fiscal niega su participación en el proceso de selección, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, salió al paso y desmintió la versión de Ortega, asegurando que ella estuvo presente en la convocatoria que realizaron al Consejo Moral Republicano.
En una rueda de prensa este jueves, Saab dijo que Ortega firmó el acta de selección de los magistrados que integran las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo, "así como también" lo hicieron "los demás integrantes del Poder Ciudadano".
"Se subsanó en la reunión de jueves 21 de enero de 2016, cuando todos los titulares del Poder Ciudadano firmamos que efectivamente era válida el acta", subrayó el ombudsman caribeño.
Por su parte, el representante de la Contraloría General de la República, Manuel Galindo, respaldó la versión de Saab y aseveró que "hoy queda subsanada y reivindicada la verdad histórica del Poder Ciudadano ante la opinión pública nacional".
La pugna entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo inició en abril pasado, cuando Luisa Ortega consideró inconstitucional una sentencia en la que el Poder Judicial se atribuyó las facultades de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), ahora de mayoría opositora, tras argumentar su "desacato".
Frente a esa diferencia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocó a un Consejo de Defensa de la Nación, donde ambas partes discutieron sobre el tema, y horas después el Ejecutivo afirmó que fue "zanjada" la controversia.
Sin embargo, progresivamente Ortega, quien militó durante años en las filas del chavismo, comenzó a deslindarse del gobierno y a señalarlo de "uso excesivo" de las fuerzas de seguridad en las protestas que los opositores adelantan contra Maduro desde abril pasado.
El vuelco en su posición política fue más notable cuando aseguró que la muerte del joven Juan Pernalete, en una protesta el 26 de abril, se debió al impacto de una bomba lacrimógena presuntamente disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Contrarió así la versión del gobierno, quien mantuvo que el joven falleció tras ser impactado por una pistola de perno (usada para matar ganado), supuestamente activada por los propios opositores que manifestaban en Caracas.
Además de eso, la representante del Ministerio Público ha mantenido su oposición a Maduro respecto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al considerar que este mecanismo sólo "acelerará" la crisis del país.
A pesar de los intentos de Ortega por frenar por las vías legales que este mecanismo avance, el Poder Judicial, acusado de ser parcial al gobierno, ha rechazado su solicitud de anular este proceso.
Según el TSJ, el procedimiento de la fiscal, a los cuales ha sumado otros durante los últimos días, fue declarado "inadmisible" por "inepta acumulación de pretensiones".
Luego de estos pronunciamientos del Poder Judicial venezolano, Luisa Ortega ha avanzado en su solicitud sobre la remoción de los magistrados, de quienes asegura fueron escogidos mediante procedimientos irregulares.
En ese sentido, la fiscal insistió hoy en que el Tribunal Supremo debe anular los decretos presidenciales sobre la Constituyente pero, en esta oportunidad, exigió la "inhibición" de los magistrados que integran las salas Electoral y Constitucional del Poder Judicial.
