BRASILIA, 8 jun (Xinhua) -- El gobierno brasileño rechazó hoy las críticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre "los ataques" a los derechos de los pueblos indígenas y derecho ambiental en el país.
El Palacio de Itamaraty, la cancillería brasileña, informó en un comunicado que las críticas son "inadecuadas" y "sin fundamento".
"Brasil considera infundada la afirmación de los relatores, según la cual 'los derechos de los pueblos indígenas y el derecho ambiental están bajo ataque en Brasil'", señaló la cancillería.
Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron a través de un comunicado que Brasil ha sido, en los últimos 15 años, el país con el mayor número de asesinatos de activistas ambientales y del derecho a la tierra en todo el mundo, con un promedio de un homicidio por semana.
En el contexto actual, indicaron, los pueblos indígenas están especialmente amenazados, por lo que pidió que Brasil fortalezca la protección institucional y legal de esos pueblos.
Los relatores de los órganos de la ONU, respondió Itamaraty, hicieron tal afirmación sobre la base de su lectura de informe de una Comisión Parlamentaria de Investigación y de textos legislativos en curso en el Congreso Nacional.
"De la libre discusión congresal de informes o incluso de proyectos de ley no se puede obtener inmediatamente la conclusión de que ellas reflejen, expresen o consoliden la opinión mayoritaria del Legislativo, del gobierno o de la sociedad como un todo", explicó la cancillería.
"El gobierno considera, por lo tanto, sin fundamento e inadecuadas las ilaciones de que Brasil estaría considerando debilitar su legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de derecho ambiental", afirmó Itamaraty.
"El gobierno brasileño recuerda que los más altos estándares de protección de los derechos humanos, especialmente con relación a pueblos indígenas, están asegurados en la Constitución Federal de 1988 y en los tratados internacionales de los que Brasil es parte", añadió.
El gobierno subrayó, además, que el debate libre en el marco del Congreso Nacional constituye una de las bases de la democracia brasileña.
"En el país, el Poder Judicial, fuerte e independiente, actúa como guardián de los derechos y valores previstos por la Constitución y el Ministerio Público, autónomo, acciona habitualmente la Justicia en caso de riesgos a derechos", afirmó.
Entre los avances resaltados por el gobierno en materia de derechos de los pueblos indígenas sobresalen los hechos de que las tierras indígenas demarcadas corresponden en la actualidad a casi el 13 por ciento del territorio nacional, además de que esta población ha crecido en las últimas décadas, al alcanzar casi un millón de personas.
"El gobierno brasileño mantiene una postura abierta y constructiva con respecto a los órganos internacionales y regionales de derechos humanos, reconocida y elogiada por el alto comisionado de las Naciones Unidas en la apertura de la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado día 6 (de junio), en Ginebra", destacó la cancillería.
