SAO PAULO, 31 may (Xinhua) -- La crisis política desatada por las acusaciones de corrupción contra el presidente brasileño, Michel Temer, ha impactado en el trámite de las reformas laboral y de seguridad social enviadas al Congreso, coincidieron hoy en señalar académicos y políticos.
Durante un debate realizado en el marco del Foro de Inversiones Brasil 2017 (FIB 2017), los panelistas señalaron que las reformas entraron en un compás de espera, sin un futuro cierto.
La crisis política se desató después de que fue divulgada una grabación en la cual Temer supuestamente da el aval al empresario Joesley Batista, del grupo cárnico JBS, para sobornar a un ex diputado, dos jueces y un procurador.
La grabación resultó en la apertura de una investigación autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el presidente por obstrucción de Justicia, asociación ilícita y corrupción pasiva.
El diputado Arthur Maia, del Partido Popular Socialista (PPS), vicelíder del gobierno en la Cámara y relator de la reforma de seguridad social, afirmó que el gobierno tenía los votos necesarios para aprobar el proyecto antes de conocerse la delación premiada de Batista.
"En aquella tarde fatídica había participado de un evento con alcaldes de todo el país que mostraron su apoyo al proyecto. Volví al Congreso y estábamos contabilizando cuántos votos teníamos, cuando apareció la novedad de la delación de la JBS", dijo Maia, quien admitió "una cierta tristeza" al narrar el episodio.
Según el legislador, los cambios propuestos en la reforma de seguridad social, base del ajuste fiscal del gobierno, permitirían un ahorro en los próximos 10 años de 600.000 millones de reales (180.000 millones de dólares).
Maia aseguró que en el interior del país los líderes políticos ya reconocen la necesidad de la reforma, debido al desequilibrio de las cuentas públicas.
"Tengo la más absoluta convicción que con independencia del resultado de la crisis política, conseguiremos aprobar la reforma de seguridad social", dijo.
El político reconoció que no puede haber una previsión sobre cuándo será votada la reforma, pero manifestó su convicción de que "estamos en un proceso irreversible en el Congreso".
"El mantenimiento o no de la presidencia (Temer) no es determinante, aunque es claro que sería lo más favorable, la continuidad del presidente Temer", dijo.
Para José Augusto Guilhon de Albuquerque, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, está ocurriendo un cambio en el comportamiento del Congreso desde la destitución de la presidenta Dilma Roussef.
"Antes, el Congreso estaba con la mirada en la popularidad; en cambio ahora, el Congreso tiene una mayoría que puede aprobar medidas que son muy impopulares", apuntó.
"Fueron votadas una serie de medidas y en todas ellas las estadísticas mostraron que hay cerca de tres cuartas partes de la población que rechaza esas reformas", dijo.
"Pero tenemos certeza absoluta de la elite gobernante, del empresariado de la clase media, que aprueban esas reformas", agregó.
"Quiero recordar que el Congreso está contando con la oposición sistemática de una parte de las elites. Que son algunos cientos de políticos frente a miles de jueces y procuradores que tienen fuero privilegiado", subrayó.
El profesor destacó que en la reforma de seguridad social, los privilegios de algunas elites están siendo mantenidos, como militares, magistrados y profesores.
"Esa es una de las justificaciones de por qué hay tanto odio en las amenazas contra la clase política. Cuando agentes de la Justicia ejercen un activismo político que afecta al Congreso pasando por encima de la ley, es algo que no podemos permitir", dijo.
David Fleischer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia (UnB), puntualizó que con las protestas contra el presidente Temer, la oposición en la Cámara de Diputados y el Senado "se puso más agresiva".
"La base del gobierno de la Cámara perdió 66 diputados, de cuatro partidos. Eso dificulta un poco la aprobación de las reformas", consideró.
Fleischer recordó las repercusiones de la Operación Lava Jato (Lavadero), las delaciones de Odebrecht y de JBS que señalan que daban sobornos para 1.800 políticos.
"Tenemos un gran número de diputados y senadores con causas pendientes en la Justicia, pero están más o menos protegidos por el llamado fuero privilegiado. Un tercio del ministerio de Michel Temer tiene acusaciones en el Supremo, desde el inicio de su gobierno perdió varios ministros a causa de esas acusaciones", señaló.
Para Fleischer, ese escenario puede dificultar los 308 votos que el gobierno necesita para aprobar la reforma de seguridad social en la Cámara, sobre todo cuando las encuestas muestran que la población no aprueba la propuesta.
"Si es impopular, ¿cómo queda el diputado que intentará reelegirse en 2018?. Además, las denuncias deben provocar una gran renovación legislativa, 70 o 75 por ciento de los diputados debe ser renovado en las elecciones de 2018, por encima de la media histórica", expresó. Fin
