MEXICO, 25 may (Xinhua) -- Instituciones académicas, autoridades y legisladores de México iniciaron este jueves una consulta nacional para debatir medidas que afinen el sistema de justicia penal acusatorio que entró en vigor en 2016.
A través de foros en los que se debatirán ocho ejes temáticos, los organizadores recopilarán observaciones y propuestas con las que elaborarán un informe que entregarán al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Congreso y Poder Judicial.
La consulta nacional surgió a propuesta de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en febrero pasado, para apuntalar el nuevo modelo de justicia.
El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, explicó que policías, fiscalías y tribunales todavía encaran dudas para aterrizar el sistema que entró en operación a nivel nacional en junio del año pasado.
En la inauguración de la consulta nacional, Laveaga remarcó que en México prevalece un malestar generalizado hacia la justicia, que es "una de las metas a alcanzar" en el país.
El nuevo sistema, centrado en juicios orales y medidas para la resolución de conflictos, reemplazó al modelo inquisitivo vigente en el último siglo, el cual era calificado por el propio gobierno mexicano de opaco, lento y agotado.
Académicos, especialistas, ciudadanos y miembros del sistema de procuración y administración de justicia de los estados podrán participar en los foros que se realizarán en ocho ciudades, los cuales se extenderán hasta el 29 de agosto.
Tras la inauguración en la sede del Inacipe en la Ciudad de México se debatió el tema de víctimas y derechos humanos, en tanto que en los siguientes encuentros se discutirán ejes como política criminal, seguridad pública y delincuencia organizada.
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, expuso que las ideas planteadas en las distintas mesas serán recopiladas y procesadas en un informe que se entregará a las autoridades con el fin de que realicen los cambios necesarios.
Los organizadores, entre los que se encuentra el Inacipe, el CIDE y otras instituciones, confiaron que el informe final sea técnicamente sólido, imparcial y socialmente útil.
