BRASILIA, 16 may (Xinhua) -- Abogados del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaron este martes que presentarán en los próximos días nuevos documentos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunciando una persecución judicial contra Lula por motivos políticos.
En julio pasado, los abogados Cristiano Zanin y Roberto Teixeira acusaron al juez Sergio Moro, responsable por la Operación Lava Jato (Lavadero), de no ser imparcial en el juicio contra Da Silva, y afirmaron que los derechos del ex mandatario están en peligro en Brasil.
La ONU aceptó en octubre pasado evaluar el caso y dio hasta el 27 de enero pasado para que el gobierno brasileño diera una respuesta, pero la entidad no se pronunció sobre el mérito de la denuncia.
El caso es tratado como confidencial y puede llevar hasta dos años para ser examinado por el organismo multilateral.
Desde fines de 2016, cuando dio nuevos documentos al Comité de Derechos Humanos apoyando la tesis de los abusos judiciales, la defensa de Lula viene haciendo públicas esas presentaciones.
La ONU puede decidir no aceptar el caso, pero también puede enviar una recomendación al Estado brasileño sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Esta semana, el abogado Geoffrey Robertson, jefe del equipo legal del ex presidente en el extranjero, convocará a una rueda de prensa en Ginebra para explicar la situación a los medios internacionales.
La semana pasada, el ex presidente declaró en la ciudad de Curitiba ante el juez Moro, a quien dijo que consideraba "una farsa" la denuncia en su contra por la supuesta donación a su favor de un departamento.
El Ministerio Público acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,15 millones de dólares) en "sobornos" de la constructora OAS, a través de un departamento en Guarujá, litoral de Sao Paulo.
La defensa y partidarios del ex presidente afirman que es inocente y que se trata de una persecución política, en la que están involucrados el juez Moro, los fiscales de la Operación Lava Jato (que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras) y parte de los medios de comunicación del país.
En caso de ser condenado y la sentencia ser confirmada por un tribunal superior, Lula quedaría automáticamente inhabilitado para postularse a las elecciones presidenciales de 2018.
