CARACAS, 26 abr (Xinhua) -- La Organización de Estados Americanos (OEA) y Venezuela han tenido serias discrepancias que iniciaron en 2015, justo cinco meses antes de las elecciones parlamentarias en las que la oposición salió victoriosa. Aquí un recuento de esos hechos.
En julio de 2015, la oposición representada en el ex candidato presidencial Henrique Capriles pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que enviara una delegación para acompañar los comicios electorales.
Cuatro meses después, el organismo envía una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) dudando de la transparencia del proceso a realizarse, causando el primer choque entre la OEA y el gobierno del recién elegido presidente Nicolás Maduro.
Luego de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 en las que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 curules de la Asamblea Nacional (AN) frente a 55 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decide inhabilitar a tres diputados de oposición por presuntas irregularidades en el proceso para ser elegidos.
El Congreso no acata la sentencia del TSJ y autoriza el ejercicio de funciones de los parlamentarios suspendidos, lo cual motiva que el Poder Judicial declare en "desacato" al Parlamento.
La OEA rechaza la decisión del Poder Judicial y el 12 de enero envía una carta al gobierno de Caracas exhortando a que se respete la voluntad del electorado venezolano.
El 5 de abril de 2016, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide al gobierno venezolano que firme una Ley de Amnistía elaborada por la mayoría opositora en el Congreso, aún en desacato, para indultar a más de un centenar de políticos opositores apresados.
El 28 de abril, la OEA anuncia por primera vez que evaluará la aplicación de la Carta Democrática Interamericana del organismo, que podría conllevar a la suspensión de Venezuela, tras darse a conocer un documento sobre la presunta violación de los derechos humanos y las garantías fundamentales.
El 5 de mayo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denuncia en medio de una reunión del Consejo Permanente de la OEA, la postura del secretario general.
El 11 de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores acusa a Almagro de auspiciar un "guión intervencionista" en contra de Venezuela.
El 31 de mayo, Almagro solicita formalmente activar el procedimiento para aplicar la Carta Democrática, motivando el rechazo de la parte venezolana que denunció que el Congreso "usurpó" funciones del gobierno central al pedir la activación de la Carta.
El 2 de junio de 2016, 34 de los 35 países miembros de la OEA votaron por apoyar el diálogo en Venezuela y postergar la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática.
Almagro anuncia el 5 de julio de 2016 que la OEA evaluaba una "tercera fase" de activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela y negó que se haya archivado el informe con denuncias en contra del gobierno de Caracas presentado por los diputados opositores.
El 27 de enero de 2017, el secretario general pide a la comunidad internacional "actuar ante la crisis venezolana".
Almagro sostiene un encuentro el 10 de febrero de 2017 con una nueva comitiva de la AN para abordar la situación del país caribeño; otro encuentro con sectores opositores se produjo el siguiente 20 de marzo.
El 28 de marzo, la OEA desarrolla una sesión extraordinaria en la que participan cancilleres de los Estados miembros que acordaron una declaración conjunta para emplazar a Caracas a concretar una "hoja de ruta" que permita apoyar "el funcionamiento de la democracia y el respeto del Estado de Derecho".
Ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro denuncia una "violación" a la Carta Fundacional de la OEA.
El 29 de marzo de 2017, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano se pronuncian en rechazo a las acciones gestadas dentro de la OEA.
El 3 de abril de 2017, un total de 17 países de los 35 de la OEA suscribieron un documento en el que señalaron la alteración del orden constitucional en la nación caribeña, generando la respuesta inmediata de las autoridades venezolanas.
Las naciones firmantes del texto fueron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay, Honduras, Perú, Barbados, Guatemala, Panamá y Uruguay; y los cuatro Estados que se abstuvieron fueron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
El 3 de abril de 2017, el gobierno de Venezuela denuncia un "golpe de Estado" dentro de la OEA ya que la sesión previa del organismo debía estar dirigida por el representante de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, por ejercer este país la presidencia del Consejo Permanente.
El 5 de abril de 2017, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó que Luis Almagro aliente a la oposición venezolana en actividades "desestabilizadoras".
El 25 de abril, 19 países votaron a favor de que este miércoles se desarrolle una reunión extraordinaria para proponer un encuentro entre cancilleres a fin de abordar la situación venezolana, en el contexto de agudas discrepancias entre el Gobierno y la oposición que ha llevado a masivas protestas callejeras en las que murieron 26 personas y otras 430 resultaron heridas.
El 25 de abril, la canciller Delcy Rodríguez informó que Venezuela evaluará su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), de efectuarse la reunión de cancilleres.
El 26 de abril, Venezuela anuncia el envío de una carta de denuncia contra la OEA e inicia su proceso de retiro de la OEA.
