BEIJING, 12 mar (Xinhua) -- El sistema judicial de China concluyó 45.000 casos de cohecho en 2016, en los que estaban implicadas 63.000 personas, señala un informe de trabajo del Tribunal Popular Supremo (TPS) publicado hoy domingo.
Entre los acusados había 35 exfuncionarios de nivel provincial o ministerial o superior y 240 de nivel de prefectura, indica el informe presentado por el jefe del TPS, Zhou Qiang, en una reunión plenaria de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo de China.
Los tribunales de todos los niveles sentenciaron a 2.862 delincuentes por soborno y cerraron 15.000 casos relacionados con corrupción, malversación de fondos y otros delitos vinculados con la campaña de alivio de la pobreza.
Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) celebrado en 2012, China ha lanzado una lucha de gran alcance contra la corrupción, que el máximo grupo dirigente anunció a finales del año pasado que "ha alcanzado un impulso aplastante".
En 2016, los fiscales investigaron a 47.650 personas acusadas de crímenes relacionados con el cumplimiento del deber, según un informe de trabajo presentado hoy domingo por el fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema (FPS), Cao Jianming, en la reunión plenaria.
Se iniciaron procedimientos judiciales contra 48 exfuncionarios a nivel provincial o ministerial o superior, incluidos Ling Jihua y Su Rong, ambos exvicepresidentes de la Comisión Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), y Bai Enpei, ex alto legislador de la APN, revela el informe.
Bai fue condenado a muerte con dos años de suspensión por aceptar una enorme cantidad de sobornos y poseer excesivos activos de origen no identificado.
De acuerdo con una disposición de la novena enmienda al Código Penal adoptada en 2015, el tribunal falló que no permitirá ulteriores conmutaciones de pena o la concesión de la libertad vigilada si la pena de muerte de Bai se sustituye por la cadena perpetua tras los dos años de suspensión.
Esta es la primera aplicación judicial de la disposición.
La estipulación tiene una intención "disuasoria" para los funcionarios corruptos, dijo hoy domingo durante una entrevista con Xinhua Zhang Yongjian, uno de los máximos responsables del TPS. La entrevista fue retransmitida en directo a través de Youtube, Facebook y Twitter.
La disposición se aplicó posteriormente a Wei Pengyuan y Yu Tieyi, otros dos funcionarios acusados de corrupción, lo que demuestra el "implacable impulso" y resolución del Partido y el gobierno por luchar contra la corrupción, apuntó Zhang.
Los fiscales también investigaron a 17.410 funcionarios de niveles más bajos supuestamente implicados en casos de corrupción en la expropiación de terrenos y demoliciones, en la seguridad social, en la gestión de fondos relacionados con la agricultura y otros asuntos que afectan al bienestar del pueblo, dice el documento.
Además, el texto recalca los progresos hechos en la captura de fugitivos en el exterior y en la recuperación de sus activos ilícitos.
Desde que China lanzó una campaña para perseguir a fugitivos implicados en delitos relacionados con el cumplimiento del deber en octubre de 2014, 164 sospechosos, incluidos 27 con notificación roja de la Interpol, han sido repatriados o se les ha persuadido para que regresen a China de 37 países y regiones, dice el informe.
Tanto el Tribunal Popular Supremo como la Fiscalía Popular Suprema continuarán luchando contra los delitos relacionados con la corrupción en 2017.
Los esfuerzos en este sentido no se debilitarán de ninguna manera y no se modificará la postura de tolerancia cero, asegura el informe de la FPS.
