QUITO, 7 mar (Xinhua) -- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó hoy como "tremendamente grave" la intervención del cesado ex comandante general del Ejército Luis Castro, en asuntos relacionados a las elecciones generales celebradas el pasado 19 de febrero y advirtió que las Fuerzas Armadas "no son árbitros de la democracia".
"Es tremendamente grave, pueblo ecuatoriano a estar muy atento. Donde está en vigencia un estado de derecho no son las Fuerzas Armadas los árbitros de la democracia", dijo el mandatario en un conversatorio con la prensa local en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).
El ex jefe militar fue cesado en el cargo el pasado domingo mediante decreto firmado por Correa, luego de que hiciera declaraciones sobre los comicios.
Castro declaró a la prensa local que no se cumplió a cabalidad la cadena de custodia del material electoral durante las elecciones y que convocó a un Consejo de Generales para analizar la situación política tras el cierre de los comicios supuestamente preocupado por la presunta conflictividad que generó la demora en la entrega de resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral.
También extendió un comunicado en el que exhortaba a los militares a velar por el próximo proceso electoral del 2 de abril "en el cual se respete la sagrada voluntad del pueblo ecuatoriano".
En una segunda vuelta prevista para esa fecha, los ecuatorianos elegirán al sucesor del presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007.
Correa justificó el cese de Castro, a quien consideró un amigo personal, señalando que fue una decisión extremadamente dura, pero necesaria.
"Lo que hizo el general (Luis) Castro, y los generales que lo apoyaron es totalmente ilegal, ilegítimo, inconstitucional, abusivo, se excedieron en sus funciones y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir", señaló el jefe de Estado.
Agregó que "mientras yo sea presidente no permitiré que ningún grupo armado se atribuya funciones que no las tiene, eso sería volver al pasado, volver a una Latinoamérica de los años 1960, 1970, de las dictaduras y eso es inadmisible".
El gobernante aseguró que no se rompió la cadena de custodia del material electoral según confirmó el Consejo Nacional Electoral y señaló que no hubo un Consejo de Generales.
"Ahora nos dicen a nosotros que desconocemos la ley porque puede haber Consejo de Generales vía internet, vía teléfono, ¡se imaginan lo que eso significa!. No hubo tal Consejo, pero así lo hubiese, hicieron algo totalmente ilegal, totalmente improcedente", apuntó.
A su juicio, "la derecha debe estar complacida" por "el daño" que se le está haciendo al país.
"Nuevamente las Fuerzas Armadas como árbitros de la democracia. Ellas no tienen esas atribuciones constitucionales, ellos no pueden pasarse al mando civil y dirigirse directamente al pueblo ecuatoriano, ellos no son garantes de eso", indicó.
El dignatario dejó en claro que el rol de los militares en elecciones es someterse a las órdenes del Consejo Nacional Electoral y salvaguardar la seguridad y el orden.
"¡Entonces que se ubiquen un poco!", sugirió Correa al tiempo que juzgó como "gravísimo" que las Fuerzas Armadas se consideren "los árbitros del bien y del mal, los que declaran quienes son ganadores o perdedores de unas elecciones, que es y que no es democracia".
Añadió que los árbitros de la democracia "es el pueblo ecuatoriano, el soberano" y sostuvo que el ex jefe militar no tuvo el respaldo de los comandantes de las otras ramas de las Fuerzas Armadas porque "estaban totalmente equivocados, se estaban haciendo eco de la payasada de la derecha, de supuesto fraude y que se estaba dividiendo al país, que no se estaba respetando la voluntad popular".
Castro, con una carrera de 35 años en las Fuerzas Armadas, fue ex jefe de seguridad de la Presidencia y comandó el operativo que rescató al mandatario del Hospital de la Policía, en Quito, donde estuvo retenido durante una revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010 en rechazo a una Ley de Servicio Público.
Dicha revuelta, que puso en riesgo la vida de Correa, fue interpretada por el gobierno como un intento de golpe de Estado.
