MANILA, 7 mar (Xinhua) -- La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó hoy un controvertido proyecto de ley que restablece la pena de muerte en el país.
La Cámara aprobó en su tercera y última lectura con 217 votos a favor el Proyecto No. 4727, que busca reimponer la pena capital por delitos relacionados con drogas. En contra votaron 54 legisladores y uno se abstuvo.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien asumió la presidencia en junio pasado, ha impulsado vigorosamente la reimposición de la pena capital, bajo el argumento de que es una disuasión efectiva contra los crímenes.
El proyecto, identificado como Proyecto 4727 de la Cámara, busca castigar a los perpetradores de ocho delitos de drogas con cadena perpetua o pena de muerte.
El proyecto original 4727 incluía 21 crímenes graves, entre ellos saqueo, violación y traición. Sin embargo, el número de delitos se redujo luego de que una reunión en la Cámara acordó eliminar el saqueo, la violación y la traición de la lista, y luego la limitó sólo a los delitos relacionados con drogas cuando pasó a la segunda lectura en la Cámara la semana pasada.
El proyecto será enviado al Senado para su discusión. El proyecto se convertirá en ley cuando Duterte lo firme finalmente.
La ex presidenta filipina Gloria Macapagal-Arroyo abolió la pena de muerte en 2006. Bajo la administración de Macapagal-Arroyo, Filipinas firmó el Segundo Protocolo Opcional del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que pide a los Estados partes abolir la pena capital.
La pena de muerte fue abolida con base en la Constitución filipina de 1987 luego de que Ferdinand Marcos fuera destituido en febrero de 1987. Filipinas se convirtió así en el primer país de Asia en abolir la pena de muerte para todos los delitos. Todas las sentencias de muerte que existían fueron cambiadas a cadena perpetua.
En 1993, la entonces administración del presidente Fidel Ramos volvió a imponer la pena de muerte para enfrentar la creciente criminalidad y la incidencia de delitos violentos.
En 1999, el entonces presidente Joseph Estrada emitió una moratoria de facto sobre las ejecuciones pendientes ante las campañas de la iglesia que pedía abolir la pena de muerte. Fin
