Por Wu Hao y Zhao Hui
BEIJING, 2 mar (Xinhua) -- La ejecución de la pena de muerte contra el narcotraficante colombiano Ismael Enrique Arciniegas es justa e imparcial, aunque individualmente se siente lamentable por ser víctima del tráfico de drogas, comentó hoy jueves Pan Deng, investigador del Centro de Investigación del Derecho Sino-Latinoamericano de la Sociedad Jurídica de China.
Según informaron los medios colombianos, Arciniegas consiguió entrar dos veces a China con drogas sin ser detectado, pero en su tercer intento, en 2010, fue detenido por llevar casi cuatro kilos de cocaína y fue condenado en 2013 a pena de muerte, cuya ejecución tuvo lugar este martes en China.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, confirmó la muerte de Arciniegas en una rueda de prensa y declaró que los derechos e intereses legítimos del acusado colombiano fueron respetados, concediendo también acceso consular a petición de Colombia.
La cancillería colombiana expresó sus condolencias a través de Twitter y reveló que en las próximas horas las cenizas serán repatriadas al país suramericano para ser entregadas a su hijo.
Además, reiteró el llamado a los colombianos para que no se dejen convencer de los traficantes y advierte que se trata de "una condena que afecta a todos los integrantes de una familia".
En una entrevista con Xinhua, Pan explicó que las solicitudes del gobierno colombiano para conmutar la pena de Arciniegas son comprensibles, pero tanto el proceso judicial como el veredicto final que han hecho las autoridades chinas son justos e apropiados.
"Casi todos los países en el marco de la ONU reconocen que el tráfico de droga es un delito grave y tienden a aplicar la sentencia más severa dentro de sus propios marcos judiciales. Es una obligación realizar cooperaciones multinacionales contra este delito", dijo el especialista.
Según el también profesor titular de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, su país se encuentra entre uno de los que más sufren el impacto por el narcotráfico y siempre ejerce la mano dura contra ese tipo de delitos.
Las leyes chinas estipulan que cualquier persona culpable del contrabando, la venta, la transportación o la producción de más de un kilo de opio o más de 50 gramos de metanfetaminas o heroína, enfrentaría las condenas más severas como la pena de muerte.
"Según la práctica internacional, Arciniegas cometió el delito dentro del territorio chino, causa por la cual China puede ejercer su jurisdicción de acuerdo con las leyes domésticas establecidas y aplicar las leyes penales chinas, sin distinción de la nacionalidad", aclaró.
Ante algunas dudas sobre la aplicación de la pena de muerte, Pan resaltó que las autoridades jurídicas chinas adoptan una actitud prudente en ese tipo de veredictos, mediante un proceso de dos instancias, la original y la de apelación, y la aprobación posterior del Tribunal Popular Supremo del país.
Según la Ley Penal de China, todas las sentencias de muerte deben someterse al Tribunal Popular Supremo para ser aprobadas, excepto las que ya fueron decididas por el Tribunal Popular Supremo.
"Cada vez China es más prudente con la pena de muerte y tiene como objetivo su abolición en el futuro. Se han reducido los casos judiciales en los que se aplica esta sentencia", explicó el experto.
En 2011, para un total de 13 delitos se dejó de aplicar la pena de muerte gracias a la aprobación de la Octava Enmienda de la Ley Penal de China, y nueve más fueron suspendidos en 2015, estipulados en su Novena Enmienda.
Pan advirtió que los ciudadanos extranjeros en China deben cumplir las leyes chinas y enterarse de las diferencias culturales y las prácticas judiciales, como los criterios de sentencia y el periodo de investigación y apelación.
En este sentido, el investigador llamó a intensificar la cooperación jurídica entre China y los países latinoamericanos en el combate contra la delincuencia trasnacional y el crimen organizado.
