LA PAZ, 21 feb (Xinhua) -- La Procuraduría General de Bolivia informó hoy que logró mantener suspendido el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) favorable a la empresa chilena Química e Industrial de Bórax (Quiborax), que instruye al Estado boliviano a pagar 48,6 millones de dólares.
En declaraciones a la prensa, el procurador general, Pablo Menacho, dijo que las gestiones jurídicas encaradas por su despacho posibilitaron que el CIADI le otorgue la razón a Bolivia para suspender de manera temporal ese fallo, hasta que concluya el proceso de anulación que presentó el país.
"El hecho que Bolivia haya cumplido siempre con sus obligaciones internacionales, así como su buena fe para solicitar la anulación del laudo conforme se lo permiten las normas internacionales, han permitido que el Tribunal decida mantener suspendida la ejecución de ese fallo favorable a Quiborax", aseveró.
Bolivia presentó el 21 de septiembre de 2015 ante el CIADI una solicitud de nulidad del fallo emitido a favor de la empresa chilena.
El recurso de nulidad se asumió tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia.
El procurador Menacho aseguró que Bolivia es respetuosa de los acuerdos internacionales enmarcados en el Estado de derecho y una institucionalidad reconocida en todo el mundo.
Prueba de ello, agregó, es que se llegó a una decena de arreglos con empresas extranjeras tras el proceso de nacionalización, y el país no tiene a la fecha ningún proceso que le genere una situación conflictiva.
Menacho aclaró que este caso no proviene de ninguna política de nacionalización del gobierno del presidente Evo Morales, puesto que es una medida que se tomó durante la gestión del ex presidente Carlos Mesa.
El procurador explicó que mediante el Decreto Supremo Número 27589, de 23 de junio de 2004, Mesa anuló las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals S.A., en la que Quiborax habría tenido participación.
La Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Alvarez Jana, solicitó en diciembre del año pasado que se reanude la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización por 48,6 millones de dólares.
