BRASILIA, 25 ene (Xinhua) -- La mayoría del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria de Brasil, incluido su presidente Alamiro de Salvador Netto y otros seis de sus 13 miembros, renunciaron hoy por divergencias con el gobierno del presidente Michel Temer.
La renuncia colectiva surge tras desavenencias con el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, después de los sangrientos motines ocurridos este mes en diversos presidios del país.
El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia, se compone de 13 miembros titulares y cinco suplentes, quienes elaboraran propuestas de políticas públicas para el área criminal y el sistema carcelario.
Entre sus miembros se encuentran profesores y profesionales en el campo del derecho penal y ciencias relacionadas, así como representantes de la comunidad y los ministerios de área social.
Los miembros renunciantes asumieron los cargos en 2015 y 2016, durante el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff.
Los asesores afirman que hubo "falta de diálogo" entre el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, fortalecimiento de la política de armamento y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad Pública sin discusión con la sociedad o consulta al Consejo, que elaboró un plan en 2015.
La crisis penitenciaria fue decisiva para la renuncia de los directores, quienes afirman que los proyectos y estudios en curso fueron ignorados por Moraes.
En particular, los consejeros apuntan serias diferencias con relación al decreto de indulto de fin de año, por el que tradicionalmente se reducen las penas de un número de presos, publicado por el gobierno.
"Días antes de que la crisis carcelaria alcanzara niveles alarmantes, el borrador del decreto de indulto aprobado por el colegiado consejo fue dejado de lado por completo, optando por la formulación de un texto legal que es quizás el más restrictivo en cuanto a las libertades ya editados en la historia republicana reciente", señalaron los renunciantes.
"Todo fue relegado al olvido, despreciando, inclusive, numerosas investigaciones y estudios científicos sobre la importancia de abordar las peculiaridades en el decreto de indulto", agregaron.
Además, los consejeros afirmaron que la intención del ministro Moraes de ampliar el número de miembros del consejo apunta a crear un órgano "sumiso a su intención truculenta e irracional para lidiar con los problemas sociales en el país".
"La actual política criminal capitaneada por el ministerio de Justicia, sin diálogo y pautada por la fuerza púbica, tenderá a producir tensiones en la base de nuestro sistema penitenciario", añadieron.
Desde comienzos de este año, una serie de rebeliones con enfrentamientos de diferentes facciones criminales en varios presidios de las regiones norte y noreste del país dejó más de un centenar de muertos. Fin
