LA PAZ, 4 ene (Xinhua) -- La Fiscalía General del Estado informó hoy que Bolivia registró entre enero a diciembre de 2016 un total de 104 casos de feminicidios, producto de la violencia de género.
El crecimiento específico es de 11 casos, que representa un 12 por ciento, respecto al 2015 cuando se reportaron 93 muertes de mujeres por violencia de género.
El fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, explicó en conferencia de prensa en Sucre (sur), que del total de los casos se han presentado principalmente en los departamentos bolivianos de La Paz (oeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), que son las regiones más pobladas del país andino amazónico.
Guerrero instó a la ciudadanía a denunciar los actos de violencia contra las mujeres para sancionar a los responsables de estos delitos que son penados con la máxima pena de 30 años de cárcel.
"De ese total, 24 casos ya tienen sentencia condenatoria (17 por procedimiento abreviado), cinco se extinguieron por muerte del imputado y el resto de casos se encuentra en etapa de investigación", manifestó.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, en contacto telefónico con Xinhua, explicó que el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género.
Dijo que estas pueden darse dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.
Manifestó su preocupación por que continúan las cifras elevadas de feminicidios, pese a la existencia de una ley que penaliza con 30 años de prisión a los autores de estos casos.
"Estos asesinatos terribles suceden en medio de una enorme tolerancia social a la violencia contra las mujeres. Lo preocupante es que estos casos de feminicidios se dan en una cifra elevada en el grupo de mujeres jóvenes", lamentó.
El 52 por ciento de las víctimas es menor de 30 años, el 38 por ciento, mujeres adultas y el resto, adultas mayores.
La Fiscalía General del Estado cuenta con una Dirección Nacional de Protección a Víctimas y Testigos cuyo mandato expreso es priorizar la atención a víctimas de casos de violencia contra la mujer en el país. Fin
