LA PAZ, 20 dic (Xinhua) -- El gobierno boliviano responsabilizó al piloto y a la empresa LaMia del siniestro aéreo del 28 de noviembre pasado que acabó con la vida de 71 personas, la mayoría del club brasileño de fútbol Chapecoense, informó hoy el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
En una conferencia de prensa realizada en La Paz, el titular de Obras Públicas presentó una detallada explicación de las investigaciones que realizó el gobierno boliviano sobre el fatal accidente ocurrido en Colombia.
También informó sobre los capitales y socios de LaMia, además de las responsabilidades de funcionarios de las estatales Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
"La investigación arrojó seis conclusiones del fatal accidente, al margen de la indagación que realizan las fiscalías de Brasil, Bolivia y Colombia", explicó Claros.
"La conclusión principal es clara, lo que aconteció con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa LaMia y del piloto, así se concluye del análisis de varios factores", precisó el funcionario.
Como segunda conclusión se determinó que el Ministerio de Obras Públicas abra los procesos administrativos y penales correspondientes contra funcionarios que, al conocer la normativa, no tomaron un control efectivo, además de proceso penales contra la empresa.
Una tercera conclusión da cuenta que el Ministerio de Obras Públicas inició las acciones legales contra la empresa LaMia y los funcionarios que tienen que ver con la certificación y la autorización de los planes de vuelo de la aerolínea.
Como cuarto aspecto se acordó redoblar la vigilancia sobre todas las operaciones aéreas por parte de la DGAC y de la AASANA.
La quinta conclusión es aplicar el Sistema de Seguridad Aeronáutica del Estado, establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional.
La sexta conclusión del informe ratifica que "Bolivia no tiene ningún riesgo de descertificación" debido al accidente aéreo, ya que fue una situación aislada producto de una cadena de errores por parte de la empresa LaMia y del piloto.
El 2 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas determinó la "suspensión" de los directores ejecutivos de AASANA, Tito Gandarillas, y de la DGAC, César Varela, con el objetivo de no "contaminar" la investigación abierta por el Ministerio Público para establecer responsabilidades en el accidente de LaMia.
El avión de LaMia salió desde la terminal aérea Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, con destino al aeropuerto de Rionegro en Medellín, Colombia.
De manera extraoficial se atribuyó el accidente a la falta de combustible y se abrió un proceso contra Celia Castedo, la funcionaria de AASANA en Viru Viru, por permitir la salida del avión cuando hubo observaciones en relación a su autonomía de vuelo.
Castedo pidió refugio en Brasil, condición que consiguió de manera temporal, en lo que el Consejo Nacional del Refugiado de ese país toma una decisión sobre el tema conforme a la legislación internacional. Fin
